La precariedad gubernamental, por Hugo Guerra
La precariedad gubernamental, por Hugo Guerra
Redacción EC

La alta insatisfacción ciudadana con los servicios del Estado y el pobre 22% de aprobación presidencial –según – subraya la precariedad democrática estructural, acentuada por un mal gobierno.

En vísperas de cumplir su tercer año de gobierno, ha llegado a su punto más bajo de aceptación y podría seguir cayendo debido a tres factores evidentes. Primero, es víctima de sus propias promesas electorales incumplidas. Segundo, incurre en frecuentes contradicciones, como la última sobre la corrupción en Cajamarca, donde recientemente dijo “no vamos a perdonar la corrupción”, pero luego sostuvo “vamos a acompañar a su gobierno regional para avanzar juntos”. Algo indigerible. Tercero, carece de liderazgo institucional y eso no puede ser suplido ni por sus cíclicos arranques de mal humor ni por los afanes protagónicos de su esposa (74% de los peruanos no se siente orgulloso de que Nadine Heredia sea la primera dama) ni por los arrebatos de algunos dirigentes oficialistas ni tampoco por la gestión mediocre del actual y los anteriores primeros ministros.

A todo lo anterior debe sumársele que este gobierno es cada vez menos predecible: sus políticas centrales, como la económica, simplemente flotan, y no se advierte una reacción sólida para buscar la indispensable concertación nacional y solucionar graves problemas del país.

Eso se vincula con que el 87% de los ciudadanos no están satisfechos con las políticas de seguridad ciudadana; el 85% rechaza el trabajo que se hace en materia de justicia y el 75% se siente fastidiado con la mala atención del sector Salud. 

En el caso de la seguridad, por ejemplo, este gobierno anuncia la segunda reforma policial en dos años y medio. Sin embargo, el país no sabe –porque los cambios no pasan por el Congreso– hacia dónde se lleva a la tan maltratada . Asimismo, las huelgas médicas, al igual que las de maestros y de otros sectores, tienen una motivación inocultable: los cambios no son producto de políticas públicas y democráticas, sino normas producidas por un Ejecutivo que prefiere la confrontación antes que la concertación. Y sobre esto ya veremos lo que ocurrirá en los próximos días con el afán intervencionista en las universidades, así como con las iniciativas oficialistas de afectar el proceso judicial en relación con la inexistente concentración de medios.

La lucha contra la corrupción es, también, pura retórica: solo ante un crimen atroz se ha empezado a poner mano fuerte en la región y, sin embargo, se minimizan y traban las investigaciones en torno a casos emblemáticos que tocan al Ejecutivo, como el de y el de la . Por eso, como bien dice la Confiep, la corrupción traba la inversión.

Por lo demás, las encuestas reflejan que la nación reclama una urgente reforma del Estado (44% considera, por ejemplo, que el cargo de los gobernadores debe eliminarse) y que existe un clamor general para que todo el sistema político se tranquilice. Hay hartazgo ante tanto escándalo y, al mismo tiempo, siguen sin solucionarse cuestiones claves como la elección de nuevos magistrados para el y del titular de la Defensoría del Pueblo.