"No solo se trata de la libertad de los contenidos, sino también de la libertad de administrar estos servicios para el público". (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
"No solo se trata de la libertad de los contenidos, sino también de la libertad de administrar estos servicios para el público". (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Federico Salazar

Periodista

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más

El partido de quiere intervenir los . Su bancada en el ha presentado un proyecto de ley que deja en evidencia sus intenciones de liquidar la libertad de los medios de comunicación.

El proyecto de ley 269/2021-CR tiene la ventaja de mostrar con claridad esas intenciones. Sus pretensiones suponen que el poder del Gobierno está por encima de las libertades.

El proyecto se llama “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación…”.

Por “necesidad pública” debe entenderse aquí “necesidad gubernamental”. Por “interés nacional”, lo que declara el Gobierno. Términos como “justa” y “equitativa” también remiten a la voluntad del Gobierno, y no a hechos universalmente verificables.

Todo este palabreo se reduce a una sola cosa: el poder determina qué es necesidad pública y qué es “justa y equitativa”. Determina a quién se le permite y a quién no se le permite hacer uso de los espectros de radio y televisión.

Según el proyecto, “el medio de comunicación es un servicio público de competencia de la Nación…”. ¿Qué se entiende por servicio público? ¿Y qué significa “competencia de la Nación”?

Los congresistas autores del proyecto entienden por “servicio público” no algo que se brinda al público, sino algo que pertenece al público. Como si los servicios de energía eléctrica no solo se suministraran al público, sino que, además, los medios necesarios (las instalaciones) se entregaran al público.

El Estado, sostienen, tiene el deber de fomentar emisoras “con una programación variada que brinde espacio a las múltiples voces que existen en la sociedad peruana”. También debe permitir la comunicación de diversas expresiones culturales, con atención a las comunidades amazónicas, andinas, indígenas y afrodescendientes.

Con esto el proyecto pretende otorgar facultades al Gobierno de turno para manipular los contenidos y alterarlos a su criterio y voluntad. Crea una coartada para una intervención inadmisible en el manejo de los medios de comunicación.

Se abre la puerta a una intervención más directa con el pretexto de un “estado de necesidad y urgencia”. El Gobierno podrá, en esos casos, asumir de manera temporal “la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones”.

En la fundamentación el proyecto habla del acceso de la población a las diversas manifestaciones culturales del país y de “la necesidad de establecer cuotas o porcentajes mínimos de producción audiovisual nacional que deben incluirse en la programación regular de los canales y radioemisoras”.

Según la bancada de Perú Libre, los medios de comunicación “se olvidaron” de colaborar con la educación y la formación moral y cultural que señala la Constitución. Para ellos los medios desconocen “cualquier forma de ética en la difusión de sus contenidos”.

No se puede permitir que un grupo de congresistas use la legislación para justificar la arbitrariedad. Menos aún, si eso lleva a propuestas de intervencionismo en los medios de comunicación.

No solo se trata de la libertad de los contenidos, sino también de la libertad de administrar estos servicios para el público y de la libertad del público para elegir y usar esos servicios, sin la interferencia gubernamental.

Hay que denunciar a los que alientan atentados contra la libertad.