(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Carlos Basombrío Iglesias

Analista político y experto en temas de seguridad

La encuesta de El Comercio-Ipsos ha ratificado que la llegada de Martín Vizcarra ha significado una tregua política y que se ha recuperado una razonable confianza sobre el futuro (57% de aprobación y 66% de mirada optimista frente al 2018).  

Como bien dice el presidente, la crisis política que estalló en diciembre ha concluido. Se hace difícil imaginar, en el corto plazo, una situación parecida a la vivida en estos meses y es virtualmente seguro que Vizcarra entregará la banda presidencial el 28 de julio del 2021. 

En lo inmediato, el Gabinete Villanueva tiene asegurada la investidura. La radicalidad del enfrentamiento Congreso/Ejecutivo acabó con PPK, pero ha colocado a Keiko Fujimori en una situación muy delicada: 73% de desaprobación y 15% de intención de voto para el 2021 son cifras desoladoras. (“Una victoria más como esta y regresaré solo a casa”, dijo el rey de Epiro luego de derrotar a los romanos).  

No queda duda de que el Gobierno cuenta con los “cien días de gracia” en los que el país esperará con ilusión sus medidas. A la vez, siendo un gobierno corto –poco más de dos años antes de que la campaña al 2021 empiece a calentar– si quiere dejar un legado positivo tiene que aprovechar esta luna de miel. No habrá otra. 

Como es obvio, la reactivación de la economía y la reconstrucción del norte tienen que estar con fuerza en sus empeños, pero la pregunta que tienen que hacerse es el de su legado político. Y la respuesta está en esas mismas encuestas, pues la primera urgencia para la población es la lucha contra la corrupción.  

El presidente Vizcarra acierta cuando dice que la lucha contra la corrupción tiene que aterrizar. Sería fatal limitarse a frases tan grandilocuentes como gastadas del tipo “seremos implacables” o “investigaremos hasta las últimas consecuencias”, “separaremos a las manzanas podridas”.  

De eso estamos saturados. Muchos recordamos al presidente de la “honestidad es la diferencia” y, por edad, pocos al de “honradez, tecnología y trabajo”. Quizás el símbolo perfecto de esta contradicción lo fue no hace mucho el de un alcalde que llegó al cargo con el lema “Los limpios de la corrupción” y virtualmente se levantó su ciudad en peso. 

Suena obvio, pero el presidente debiera ser muy cuidadoso, porque no todos los que dicen luchar contra la corrupción dicen la verdad. 

Con estas consideraciones, ¿qué de propio y valioso puede aportar el Gobierno? Algunas ideas: 

1. Garantizar la independencia de jueces y fiscales. Mucho de la lucha contra la corrupción tiene que ver con lo que hagan el Ministerio Público y el Poder Judicial. No va a ser fácil, hay mucho y plural poder político afectado. En ese sentido, el Gobierno debe ser una verdadera muralla para proteger su autonomía y dotarlos de recursos adecuados. 

2. Ir más allá de Lava Jato. Hay problemas serios de penetración del crimen que van desde el ámbito local al nacional y llegan a todos los poderes públicos. De hecho hay un cordón umbilical entre el crimen organizado y su capacidad de penetración en el Estado. Los grandes casos podrían incluso culminarse exitosamente sin rozar el gran problema de la corrupción generada localmente. Una medida para evitarlo es fortalecer institucionalmente, dotar de recursos y sobre todo de mucho apoyo político, al más alto nivel, a las unidades de élite claves de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Estas ya han demostrado que cuando se trabaja coordinada, profesional y honestamente, y con prescindencia de quién pueda caer, se puede avanzar. No olvidemos que la impunidad es el alimento del crimen. Para multiplicar resultados en esa tarea, el Ejecutivo no necesita del Congreso. 

3. Cortar el ingreso de dineros sucios a la política. El Gobierno puede presentar un proyecto de delegación de facultades para una gran reforma de las instituciones políticas, de los partidos y de las elecciones. Hay múltiples iniciativas interesantes para discutir, el problema es que hasta ahora nadie quiere ponerle el cascabel al gato. ¿Se atreverá el Gobierno? ¿Apoyará el Congreso? 

Coda: No deja de ser un dato positivo para los que trabajamos en seguridad en el “anterior gobierno” que, en las dos encuestas divulgadas después del cambio presidencial, ese problema haya pasado al tercer lugar de las preocupaciones. Hace dos años ello era inimaginable.  

Aun así, me parece un error que el primer ministro César Villanueva no haya incluido seguridad en los cinco ejes de su plan de trabajo. Lo avanzado es poco y frágil, se requiere profundizar y consolidar. El nuevo gobierno tiene todo el derecho, como de hecho ya está haciendo, de dejar de lado las estrategias que empezamos a implementar, pero hasta ahora no queda claro cuáles serían las suyas.  

El concepto de “fortalecer la autonomía de la policía”, que el actual ministro del Interior, el general en retiro Mauro Medina, repite como eje de su visión, es impreciso y hasta peligroso. ¿Autonomía frente a quién? ¿Para hacer qué? ¿En el manejo del gasto? ¿En la definición de las políticas?