Prueba ácida: Carrera contra el tiempo [Informe especial]

Los cuestionamientos en torno al desorden con el que se ha manejado la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se celebrarán en Lima en el 2019 son sin duda fundados, y la responsabilidad de ello trasciende a más de una autoridad. Desde que Lima fue elegida sede hace casi tres años, han existido dos comités organizadores presididos por tres personas y aún no se ha hecho público el plan maestro de infraestructura ni se tiene certeza sobre dónde se construirán algunas de las obras necesarias, como el coliseo de vóley y el espigón para remo. Además, algunas de las promesas hechas al momento de postular han tenido que cambiar, como la ubicación de la Villa Panamericana, y las propuestas de desarrollo urbano planteadas para el evento por la anterior gestión municipal (Plam 2035) no han sido recogidas por la nueva gestión. 

—¿Qué tan grave es el retraso?—

Si bien el nuevo presidente del comité organizador (Copal), Carlos Neuhaus, ha aclarado que aún hay tiempo para empezar a construir las obras y que estas estén listas a tiempo, no se ha indicado aún cómo se piensa utilizar las facultades legislativas delegadas por el Congreso para aligerar los trámites previos que la ley exige. Estos comprenden, entre otras cosas, la elaboración de expedientes técnicos, convocatoria y realización de concursos públicos, elección de los postores, elaboración y firma de los contratos, licencias municipales para la ejecución de obras, certificados de inexistencia de restos arqueológicos y estudios de suelos. Y en todos estos pasos podrían surgir contingencias que retrasen el inicio de las obras.

Para que la infraestructura esté lista a tiempo, la Copal planea que las obras se inicien entre abril y agosto del 2017, de modo que estén terminadas entre diciembre del 2018 y marzo del 2019. Los Juegos se llevarán a cabo entre el 26 de julio y el 30 de agosto del 2019. Pero, según el abogado César Vargas, especialista en derecho de construcción, solo “la elaboración de un expediente técnico suele demorar entre tres y seis meses”. Una estimación hecha por El Comercio tras consultar con varios especialistas en ejecución de proyectos públicos de infraestructura prevé que la ‘tramitología’ previa necesaria solo para empezar a construir una obra como la Villa Panamericana puede tomar entre uno y dos años [ver infografía]. En este caso, son necesarias obras de remodelación en al menos 11 sedes, además de la Villa Panamericana y, salvo en el Polideportivo de San Isidro, la mayoría de los pasos previos mencionados no han sido iniciados todavía.

No obstante, si con las facultades delegadas el gobierno agiliza estos trámites, aún es posible que las obras comiencen a tiempo, explica Miguel Ronceros, abogado especialista en proyectos de infraestructura y socio del Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. “En la medida en que haya voluntad política, soy optimista”, indica Ronceros. Para Milagros Maraví, socia del área regulatoria del Estudio Rubio Leguía Normand, para llegar a tiempo será necesario aprobar la utilización de procedimientos abreviados y la reducción por excepción de varios plazos legales.

—Un problema de origen—

El retraso en la elaboración de los estudios y, por ende, en el inicio de las obras tiene un origen común: según sugiere toda la evidencia, no existieron un estudio de rentabilidad ni una planificación adecuados previamente a que nuestras autoridades decidiesen postular a Lima como candidata en el 2013. De otra forma no se explican hechos como que al momento de postular se haya indicado que la Villa Panamericana, donde vivirán los atletas durante los Juegos, estaría en el Callao, cerca de la Costa Verde y “a no más de 20 minutos” de la Videna, pero que recién en marzo de este año se haya decidido que ese local será construido en Villa El Salvador. O que en un inicio se haya previsto que el financiamiento de la misma obra vendría del sector privado, pero también este año se haya decidido que se utilizarían fondos públicos. Hoy, incluso, se evalúa nuevamente si la Villa Panamericana podría ser financiada por el sector privado, según confirmó a El Comercio una fuente cercana al proyecto que solicitó no revelar su identidad. No se conoce, además, qué estimaciones existieron sobre los ingresos esperados por turismo y otros factores.

Tampoco se tiene certeza sobre dónde se llevarán a cabo ciertos eventos. Para el coliseo de vóley aún se evalúan tres alternativas, explicó Carlos Neuhaus hace unos días en “La hora N”. La construcción del espigón en el Callao tampoco ha sido definida, ya que el propio Neuhaus ha explicado que existe un “plan b” si verifican que ese no es el mejor lugar. El proyecto tampoco está del todo libre de eventuales elefantes blancos: la idea de la Copal es que los departamentos que se construirán en la Villa Panamericana, luego de los Juegos, sean vendidos a privados a un precio que permitan recuperar la inversión. Sin embargo, existe disparidad entre el valor de la inversión en esa obra (S/624 millones) y el valor de venta por m2 en los departamentos de la zona, explica el urbanista Aldo Facho. “Estamos hablando de un aproximado de US$1.160 de costo por m2, pero en la zona el valor promedio de venta de departamentos por estrenar es de US$600 por m2”, indica. Para Ronceros, los retrasos han hecho que “se pierda una gran oportunidad de trabajar con empresas del sector privado, que de seguro se hubiesen interesado en el proyecto”. 

La decisión de postular fue manifestada oficialmente por el Comité Olímpico Peruano, presidido por José Quiñones, en enero del 2013. Poco después, cartas de apoyo al proyecto fueron emitidas por la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y los entonces presidente del Instituto Peruano del Deporte, Francisco Boza, y presidente de la República, Ollanta Humala. En esa época, la ministra de Educación –cartera responsable del proyecto– aún era Patricia Salas. Pero incluso antes, cuando las autoridades eran otras, ya se había tomado la decisión de postular a Lima como sede, cuando en el 2009 perdimos la elección ante Toronto para los Juegos del 2015. 

El actual ministro, Jaime Saavedra, tampoco está libre de responsabilidad. Concretamente porque hasta la fecha no se ha explicado a detalle por qué durante su gestión en el gobierno anterior se decidió no aceptar el primer plan maestro de infraestructura presentado en noviembre del 2014 por el comité organizador que presidía Quiñones, y se optó en cambio por crear una segunda Copal en febrero del 2015. Antes de publicar este informe, El Comercio se comunicó con el Minedu para consultar sobre este punto, pero no obtuvo respuesta.

Más allá de responsabilidades individuales, queda claro que se necesita un esfuerzo sin precedentes para que la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos esté lista a tiempo. Pero la principal lección que todo esto deja es que nunca más el Perú debería aventurarse a ser candidato a un proyecto tan grande sin haber hecho antes rigurosos estudios de rentabilidad y de planificación preliminar. De lo contrario, nuevamente nos encontraremos en una situación tan preocupante como la actual, en la que nuestro principal reto rumbo a los Panamericanos no es preparar a nuestros deportistas para sus disciplinas, sino facilitar la labor de los burócratas para que logren ganarle la carrera al tiempo. 

*Con la colaboración de Alejandro Castillo.