El presidente del Congreso, Luis Galarreta, se pronunció a favor de la aprobación del proyecto de ley sobre publicidad estatal, inciativa de Mauricio Mulder.  (Archivo El Comercio)
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, se pronunció a favor de la aprobación del proyecto de ley sobre publicidad estatal, inciativa de Mauricio Mulder. (Archivo El Comercio)
Federico Salazar

Periodista

La ley sobre en medios de comunicación privados es inconstitucional. Con el pretexto de controlar el gasto público, esta “ley”, en realidad, quiere darle al Congreso un poder que la Constitución no le da.

El Congreso aprueba el Presupuesto Público. Aprueba los montos totales del gasto y del ingreso. La Constitución, claramente, retira al Congreso de la manipulación del gasto.

El gobierno se organiza en el Perú según el principio, esencial y de fundamento, de la separación de poderes (art. 43 de la Constitución).

Si los congresistas pudieran manejar el gasto público, reemplazarían, en la práctica, al Ejecutivo. La Constitución restringe la acción del representante a la aprobación de los montos generales que garanticen el equilibrio presupuestal.

Si los congresistas pudieran decir “cómprale a este” o “a este no le compres”, la administración pública se convertiría en una piñata.

La ley hace eso. Vulnera la separación de poderes al pretender establecer por ley lo que debería hacer el Ejecutivo por administración en cada uno de sus pliegos.

Es cierto que los gobiernos cometen exceso en el gasto. Y es cierto que hay que controlar ese exceso.

El gobierno de Alan García, por ejemplo, duplicó el gasto en publicidad estatal con respecto el gobierno anterior. ¡Cómo no tuvimos un Mulder igual de estricto durante ese gobierno!

Si se quiere controlar el gasto en publicidad estatal, debe procederse desde cada sector.

Tiene que haber un diagnóstico sobre los requerimientos de publicidad en cada pliego. En segundo lugar, tiene que haber una estimación de la efectividad de la publicidad y el medio escogido.

Esta tarea corresponde al titular del sector. Si hay un caso de soborno o gasto simulado, debe procederse como en todos los otros casos.

Una ley que prohíbe al Estado hacer publicidad en los medios privados no es una ley. La ley establece principios de organización de la conducta. No está para ponerle ni quitarle nada a nadie.

La “ley” de la mayoría fujimorista pretende remplazar la publicidad en los medios a través de cuentas en las redes sociales. Como si fuera igual el impacto en un medio escrito que en un medio radial o en un medio digital.

Hay un absoluto desconocimiento sobre la diferencia de impacto de los mensajes según la diferencia de los soportes del medio. El medio impreso fija, la imagen suscita atención, el medio digital transcurre.

Estas diferencias no interesan a los congresistas de la mayoría. Ellos creen que es igual. Ignoran y legislan.

No han estudiado el tema. Para ellos no se trata de resolver un problema, sino de sancionar.

Esta negligencia en el proceso de legislar se pone en evidencia en la exposición de motivos del proyecto de ley.

El proyecto discutido dice: “El accionar del Estado supone esencialmente comunicar a los ciudadanos las acciones que toma en su nombre...”.

Los congresistas creen que existe un verbo “accionar”. Y creen que este “accionar” comunica las “acciones”.

Que haya congresistas ignorantes en el uso del idioma no es un problema mayor. El problema surge cuando pretenden legislar sobre la base de ignorar hechos esenciales al tema que quieren normar.

La “ley” aprobada por esta mayoría en el Congreso establece que todas las entidades públicas solo podrán publicitar sus tareas de gestión “únicamente en los medios de comunicación del Estado a tarifa de costo”.

Los medios del Estado, obviamente, no tienen el alcance ni el impacto de los medios privados. El término “tarifa de costo” es absurdo, aun en los medios estatales. ¿O acaso sabe alguien cuál es el “costo” de 30 segundos de aire de canal 7, por ejemplo?

Si los gobiernos recurrieron a los medios privados fue porque los medios estatales no son igualmente eficaces.

Esta ley de la mayoría fujimorista es, simplemente, una pretensión de la mayoría de tomar más poder. El Congreso quiere obtener, por esta vía, un poder que la Constitución no le otorga.

Con el pretexto de controlar el gasto, este Congreso quiere castigar a los medios que constantemente denuncian sus abusos. ¡Como si fuera un látigo!