¿Quedará impune el humalismo?, por Fernando Rospigliosi

La corrupción del gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia ha superado todo lo imaginable, pero podría quedar impune si no se toman medidas urgentes.

El periodista Ricardo Uceda ha desmenuzado el caso del satélite peruano, recientemente lanzado al espacio. Es realmente escandaloso: cambiaron las especificaciones originales sin ningún informe técnico, realizaron leguleyadas para elegir un proveedor único, eliminaron arbitrariamente a otros posibles competidores para designar a dedo a una firma francesa en la modalidad “gobierno a gobierno” –la misma que se usó en el gobierno de Alberto Fujimori para corruptas compras de aviones–, y declararon la compra secreta (“La República”, 27.9.16).

La conclusión de Uceda es que “fue una compra política que avasalló los marcos institucionales. Los indicios de sobreprecio son inocultables”. Una compra de más de 200 millones de dólares, que se habría encarecido sospechosamente en decenas de millones.

El economista Ricardo Lago acaba de recordar que se están gastando cuatro mil millones de dólares en la refinería de Talara, a un costo entre dos y cuatro veces más de lo que cuesta cualquier instalación similar en otros países del mundo (“Perú 21”, 25.9.16). Pero lo más grave es que el Perú no produce petróleo suficiente para refinar –peor todavía, el Oleoducto Norperuano está cerrado desde hace meses y no lleva el crudo a la costa–, habrá que importarlo, cuando lo más razonable hubiera sido importar el combustible ya refinado e invertir esa enorme suma en urgentes necesidades del pueblo peruano como salud, educación o agua potable.

Como se puede apreciar, el costo de la corrupción no solamente radica en los sobreprecios y en las coimas, sino que los gastos e inversiones no se hacen en función de lo necesario sino de adquisiciones que, por sus características, puedan representar beneficios ilegales para quienes toman las decisiones.

Otros casos obscenos, que han tenido amplia difusión, son los patrulleros coreanos y las pistolas del Ministerio del Interior, todo bajo la modalidad de “gobierno a gobierno”.
Y los anteriores son solo algunos ejemplos, la lista es extensísima. Según Juan José Garrido, habría que investigar gastos sospechosos de unos 30 mil millones de dólares del gobierno humalista (“Perú 21”, 29.9.16 y 30.9.16).

Si tomamos en cuenta el comportamiento del sistema judicial en casos recientes, llegaremos a la conclusión de que será muy difícil que se investigue y sancione a los responsables si no hay cambios drásticos e inmediatos. Gregorio Santos y Nancy Obregón están libres porque el Poder Judicial pasó más de tres años sin emitir sentencia. Los culpables de un caso de trata de una niña de 14 años en Madre de Dios fueron declarados inocentes. No hay responsables por el asesinato –hace más de siete años– de 24 policías en Bagua.

La alternativa práctica y realista, si no se quiere dejar impune la enorme corrupción del gobierno anterior, es crear un sistema anticorrupción como el que se constituyó en el 2000-2001, gracias al cual se juzgó y sentenció, por primera y única vez en la historia del Perú, a personajes encumbrados.

El sistema judicial de aquella época estaba podrido hasta el tuétano, luego de diez años de manipulación a cargo de Vladimiro Montesinos. Si se hubiera dejado en sus manos la investigación y el juzgamiento, probablemente los delitos de corrupción y violación de los derechos humanos hubieran quedado impunes.

Pero en el gobierno de Valentín Paniagua y al principio de la gestión de Alejandro Toledo, se instauró una procuraduría anticorrupción especial, dirigida por José Ugaz y Luis Vargas Valdivia, que impulsó la constitución de fiscalías y tribunales especiales, con jueces seleccionados, y promovió el marco legal necesario.

Es decir, hubo una decisión política firme desde el gobierno, y se designó a las personas adecuadas para gestionarlo.

Ese es el único camino si se quiere lograr resultados. El sistema judicial no se va a reformar a sí mismo, y no se puede esperar a que se hagan los cambios –si es que se hacen algún día– para sancionar la corrupción.

Por desgracia, como señala Garrido, hasta ahora “no hay una visión estructural, seria y completa anticorrupción” por parte del gobierno. Y, por favor, que no se repita la monserga de que “no hay que mirar atrás”. La impunidad alienta el delito.