El referéndum y la separación de poderes, por Natalia Sobrevilla

El grave enfrentamiento actual entre los poderes del Estado presenta una serie de problemas teóricos y prácticos. En el sistema representativo moderno la legitimidad de un gobierno proviene de haber sido elegido por los ciudadanos, de ahí emana el poder de los legisladores de legislar, el del presidente de gobernar e incluso el de los jueces de impartir justicia, ya que si bien estos no se eligen por medio del voto ciudadano, el deber del Legislativo es ejercer control sobre el Judicial en nombre de los ciudadanos. Las investigaciones sobre la corrupción en diversas esferas del poder han llevado al resquebrajamiento de esta legitimidad y si el Poder Legislativo no cumple su función de control sobre el Poder Judicial, su legitimidad puede ser cuestionada.

¿De dónde viene la idea de la separación de poderes y cuál es su relación con la legitimidad?

La independencia trajo el desmoronamiento de las bases políticas y legales del antiguo régimen. Hasta la Ilustración, la justicia y la organización del Estado dependían de la figura del rey, que estaba en la posición de gobernar, legislar e impartir justicia.

John Locke, en su “Segundo tratado sobre el gobierno civil”, de 1690, distinguió entre un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo. Pero fue el barón de Montesquieu el que en su libro “El espíritu de las leyes”, de 1748, trazó lo que conocemos hoy como la separación de poderes, donde deja muy en claro que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no deben concentrase en las mismas manos.

Estas ideas, inspiradas en el sistema británico, se pusieron en práctica con la creación de Estados Unidos en Norteamérica tras su independencia y en Francia tras la revolución. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se establecieron como base de los sistemas de gobierno los principios de la libertad, la igualdad, la presunción de inocencia y la irretroactividad de la ley. Se dejaba de lado, entonces, la sociedad de antiguo régimen, organizada por estamentos, donde la idea de la igualdad era considerada absurda, ya que cada quien cumplía una función en el así llamando “cuerpo social”, con el rey a la cabeza.

Entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, se cambiaron los sistemas de gobierno por medio de reformas, revoluciones y guerras. En el Perú, durante la independencia, estas ideas ilustradas fueron la base sobre la que se estableció la nueva república. La primera Constitución peruana de 1823, en su artículo 28, divide el Estado en tres poderes: “Legislativo, Ejecutivo y Judiciario, en que quedan divididas las principales funciones del Poder Nacional”, acotando en el artículo 29: “Ninguno de los tres Poderes podrá ejercer jamás ninguna de las atribuciones de los otros dos”. A pesar de los muchos cambios constitucionales que se han dado en el Perú en estos casi doscientos años, esta sigue siendo la base de nuestro Estado.

¿Cómo salir, entonces, del entrampamiento actual? El presidente Martín Vizcarra propuso hacerlo por medio de un referéndum que reforme la Constitución en cuatro puntos específicos: la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la regulación del financiamiento de los partidos políticos, la prohibición de la reelección inmediata de los legisladores y el retorno a la bicameralidad. Dado que el presidente no puede hacer cambios en el sistema judicial o legislativo sin atentar contra el principio de la división de poderes, el referéndum es la mejor manera de reformar el sistema, ya que de esta manera son los ciudadanos los que deciden, asegurando de esta manera la legitimidad del proceso.