La democracia peruana sin el pueblo, por Francisco Miró Quesada Rada

Coincido con lo afirmado por el Dr. Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, sobre la necesidad de abrir un gran debate nacional en torno a la reforma política que ha planteado el Gobierno al Legislativo, y que implica modificaciones a la Constitución.

Considero, además, que tiene razón cuando afirma que el presidente de la República “no está habilitado constitucionalmente para imponer” dicha reforma. Que solo debió proponer sin fijar un plazo y amenazar con la cuestión de confianza, que parece ya un abuso de confianza.

Pero el tema al que me refiero tiene que ver con la participación ciudadana y, en este caso, la propuesta de Blume es pertinente y atendible. Blume afirmó que esta reforma debe nacer desde la población (“de abajo hacia arriba”) y que es importante la participación ciudadana para que sea duradera. “Todos deben conocerla, todos deben ser escuchados”, fueron sus palabras.

Si una mínima lógica democrática nos dice que el pueblo debe participar en la reforma político-constitucional, la interrogante es por qué no lo hace. Sucede que, a lo largo de nuestra historia republicana, el pueblo nunca ha participado en los grandes debates nacionales porque en el Perú hay una democracia de élite y solo electoral, y no una participativa combinada con la representativa que tome en cuenta la opinión de los peruanos de a pie.

El politólogo italiano Giovanni Sartori clasifica la democracia en cuatro tipos. La de élite, donde las decisiones políticas las toman solo un grupo conformado por las autoridades, un sector de la intelectualidad y algunos periodistas especializados en temas políticos. La electoral, donde el pueblo asiste a votar y en la que, una vez cumplido su deber –que en el Perú es, además, obligatorio–, la ciudadanía carece de canales de participación o, si los tiene, no los sabe utilizar porque no existen instituciones ni pedagogía cívica adecuada que ayuden a fortalecer una cultura democrática participativa.

La tercera es la democracia de referéndum, que funciona solo en Suiza. Y, finalmente, está la participativa, donde la ciudadanía no solo conoce y usa con cierta frecuencia las diversas instituciones de la democracia directa, sino que estas buscan empoderar a los ciudadanos mediante una frecuente participación popular interesada e inmiscuida en los asuntos políticos de la nación.

Como se sabe, en lo que va de siglo el pueblo peruano ha participado en tres referendos que nacieron por decisión de una autoridad –no fueron solicitados por la ciudadanía– y en ocho consultas de revocación. Esto, sin embargo, no ha sido suficiente. Porque la cuestión central es la falta de los espacios que permitan que el pueblo actúe y sea protagonista del vigente proceso de reforma.

Por ello, lo que deberían hacer nuestras autoridades (y lo digo en plural, porque la iniciativa podría nacer tanto desde el presidente como de los gobernadores regionales, los alcaldes, el Congreso, el Poder Judicial o el defensor del Pueblo) es convocar a audiencias populares, reales y virtuales a lo largo y ancho del territorio nacional para que los protagonistas de impulsar la reforma política conozcan, in situ, el sentir de la población y lo que cada ciudadano puede aportar.

Alguno argumentará que algo así puede tomar tiempo en lo que respecta a la organización ciudadana, pero ello no es exacto. De hecho, es posible celebrar audiencias reales y virtuales en todo el país en un solo día, como ocurre con las elecciones en donde los ciudadanos acuden a votar en menos de 24 horas, y luego dedicar un plazo no mayor de una semana a cotejar los aportes ciudadanos que podrían ser considerados en la reforma que ha planteado el Gobierno.

Para que esto suceda se requiere voluntad política por parte de los involucrados en el proceso, por supuesto, pero también se necesita cambiar el chip ideológico asumiendo que la ciudadanía no solo tiene el derecho de participar directamente en la reforma de la Constitución, sino que está democráticamente capacitada para hacerlo.

Mientras nuestra democracia siga siendo un juego de élite –como si se tratase de un juego de tronos–, seguirá siendo una democracia “sin el pueblo” (para utilizar una frase del connotado politólogo francés Maurice Duverger). En el Perú debemos terminar con toda forma de discriminación y, entre estas, claro está, también la discriminación política.
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