Regionalización destructiva, por Roberto Abusada Salah

Nadie duda de que el país requería con urgencia descentralizarse, pero, en medio de su ineptitud política, el Gobierno no logró crear verdaderas regiones y optó imprudentemente por convocar elecciones para elegir presidentes en cada departamento.

En alguna mente desvariada se asentó la absurda idea de que para descentralizar había que crear más centralismo en pequeño –lo que ahora tenemos en cada región– y destruir el bien más importante de la nación: su carácter unitario. 

Hoy comprobamos que el Estado ha transferido competencias e ingentes recursos a caciques regionales elegidos o reelegidos cada cuatro años mediante algo que se parece más a una licitación que a una consulta popular. El presidente regional es, en muchos casos, removido debido a la misma e invariable causa (corrupción) o reelegido mediante el instrumento de corrupción que involucra el uso doloso de los recursos públicos en campañas clientelistas dirigidas a perpetuarse en el poder. 

En medio del paroxismo, muchos presidentes regionales actúan con la ilegal premisa de que el agua y los recursos del subsuelo ya no pertenecen a la nación. ¡Hoy el Perú, sin ser un estado federal, está compuesto por regiones que despliegan en la práctica mayor independencia que cualquier estado de Estados Unidos!

Parece ya imposible retomar la idea original de la regionalización, que postulaba la creación de grandes espacios administrativos donde el proceso democrático llevaría bienestar común, en medio de la diversidad cultural y geográfica. Ese loable fin fue ya dilapidado por políticos que simplemente no dieron la talla.

Hoy requerimos desandar parte del camino errado y plantear una nueva y democrática manera de acercarnos al importante objetivo primigenio de descentralizar al país manteniendo, obviamente, su carácter unitario.

Las anacrónicas asambleas regionales deberían ser sustituidas por nuevas asambleas departamentales formadas por los alcaldes provinciales respectivos, quienes deberían elegir, en su seno, al gobernador departamental, cuyo cargo sería rotatorio. Se eliminaría a los actuales consejeros regionales, que, al elegirse mediante lista, terminan dándole mayoría al presidente regional y erosionando, con su presencia, el poder de los alcaldes, que sí son elegidos uninominalmente.

Así, el poder departamental dejaría de radicar en un cacique y se redistribuiría en un mayor número de líderes provinciales, lo que evitaría la tara actual del “centralismo pequeño”, generado al otorgar facultades a una sola autoridad. El poder municipal se reforzaría, tal como sucede en los países más avanzados, encargándose de la educación, de la salud y de las obras y quehaceres de carácter local y provincial, mientras que el Gobierno Central retendría las tareas rectoras propias de un Estado unitario, además de las funciones administrativas y de infraestructura nacionales.

Respecto de las transferencias de los recursos del canon por recursos naturales, se debería abandonar por completo su distribución en función de delimitaciones políticas, en muchos casos arbitrarias o artificiales, y sustituirse por una distribución entre los distritos ubicados en el radio de influencia de las operaciones extractivas. Tal radio se establecería en función de la densidad de la población en los distritos de esta área de influencia. Según el mismo criterio, la región compartiría tales transferencias. Así cabría la posibilidad de que una región que hoy no recibe canon podría recibirlo en virtud de contar con población en el área de influencia de la industria extractiva, pese a que esta se sitúe en otra delimitación política.

Por último, el Gobierno Central debe reivindicar de una buena vez y con toda firmeza su soberanía sobre el agua y los recursos del subsuelo, y su poder para disponer de ellos en beneficio de toda la nación. Esto es ahora tanto más urgente teniendo en cuenta la masiva migración desde los departamentos altoandinos a circunscripciones de la costa; requiriendo dotarla del agua que hoy carece y que necesita para sustentar el desarrollo del territorio que alberga al 70% de los peruanos. Por otro lado, tal inequívoca soberanía es vital para echar a andar las decenas de proyectos mineros y petroleros paralizados.

Quizá el más importante planteamiento del presidente Ollanta Humala en su discurso del 28 de julio pasado fue abrir el debate para cambiar este fallido, dañino y peligroso experimento. Nadie le hizo caso y hoy tenemos, a todas luces, un país ingobernable.