La resaca del huaico, por Alfredo Torres
La resaca del huaico, por Alfredo Torres
Alfredo Torres

La aprobación del presidente continúa en caída. De acuerdo con la encuesta de Ipsos para El Comercio que se publica hoy, esta ha bajado de 38% a 32% en el último mes. La encuesta se ha aplicado en la semana en que gran parte del país se encontraba sufriendo los peores embates de un devastador Niño costero. Si bien muchos han reconocido el esfuerzo desplegado por diversas instancias del Estado, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la historia revela que estos fenómenos de la naturaleza golpean el ánimo nacional y la confianza en sus autoridades.

La aprobación a los ministros que han sido evaluados este mes muestra una tendencia declinante en algunos casos y una ligera recuperación en otros. Dado el desgaste del gobierno, algunos sectores de oposición han empezado a pedir un cambio de Gabinete. La idea es acogida por dos de cada tres entrevistados. Como se verá en la publicación que hará El Comercio en los próximos días, los ministros que encabezan la tabla son los que enfrentan mayores críticas a su gestión; sin embargo, en ningún caso se encuentra una mayoría absoluta que pida su salida.

Uno de los ministros cuestionados es Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones y figura clave del gobierno porque es también el primer vicepresidente de la República. En su caso, la controversia por su desempeño ha surgido a partir de las adendas al contrato por el aeropuerto de Chinchero. La buena noticia para él es que, entre quienes declaran estar informados, 84% quiere que se construya ese aeropuerto y la gran mayoría cree que este sería beneficioso para el país, el Cusco y Urubamba.

A su vez, si bien 47% está de acuerdo con el pedido de interpelación, solo 38% cree que el motivo de esta es la adenda al contrato. Más bien, 60% cree que, si hubo irregularidades en el proyecto, estas son responsabilidad del ex presidente Ollanta Humala. Solo 18% atribuye esta responsabilidad a Vizcarra. Según parece, la ciudadanía esperaría que, en la eventual interpelación, Vizcarra explique qué irregularidades identificó en el contrato suscrito por el gobierno anterior y por qué la adenda fue necesaria.

Con respecto al debate sobre los daños causados por el Niño costero y la organización de los Juegos Panamericanos, la opinión pública se pronuncia por que los recursos para enfrentar los daños causados por la naturaleza provengan sobre todo del presupuesto designado por el Gobierno Central para desastres naturales y de los presupuestos de los gobiernos regionales. Solo el 18% piensa que se deberían usar los recursos asignados a los Panamericanos. Para el 58% de la opinión pública, el Perú debería continuar con la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ello a pesar de que el alcalde Luis Castañeda declaró recientemente que se inclina ahora por que estos se lleven a cabo en otro país. 

No le va a ser fácil al gobierno remontar su aprobación, porque la mayor parte de la ciudadanía se encuentra desilusionada con su gestión. Cuando se pregunta por la evolución de los principales problemas del país en comparación con el gobierno anterior, la respuesta predominante es que estamos igual. Solo en educación hay una ligera sensación de progreso. En los demás campos, son más los que sienten que estamos retrocediendo que los que perciben avances.

Pero lo cierto es que la desconfianza también afecta al Congreso y, por lo tanto, a la oposición. Para la mayor parte de la opinión pública, tanto el Apra como Fuerza Popular están buscando la vacancia presidencial y eso no contribuye a la consolidación del sistema democrático. Hizo bien la presidenta del Congreso, Luz Salgado, en señalar que frente a la emergencia por los desastres naturales el Perú está unido en un solo puño. La ciudadanía seguramente esperaría similares actitudes frente a otros problemas nacionales.

Lo cierto es que la desconfianza de la población en sus líderes políticos no es un fenómeno nuevo en el Perú, dadas las numerosas autoridades nacionales y regionales que se han visto involucradas en casos de corrupción y la sensación de impunidad. Si en los próximos años el país es capaz de identificar, procesar y condenar a los responsables de la corrupción de los últimos lustros, esta desmoralización generalizada puede empezar a cambiar. Los tres poderes del Estado deberían colaborar en este objetivo nacional. La opinión pública los estará observando.