Giovanni Tazza
Giovanni Tazza
Francisco Miró Quesada Rada

Exdirector de El Comercio

La primera ministra Mercedes Aráoz ha planteado poner en práctica una revolución social. “La revolución social no es hacer un listín de prioridades, el ciudadano es nuestra prioridad, ese es el enfoque de gobierno”, afirmó en su presentación ante el Congreso este mes. Con ello, ha puesto en agenda una propuesta que el presidente Pedro Pablo Kuczynski hizo en su mensaje a la nación cuando asumió el cargo.

Sin embargo, no se ha explicado con claridad en qué consiste esta revolución social y habría que descartar que pueda entenderse como un cambio del sistema (como el que plantea la izquierda). Pero si una revolución no es un cambio del sistema en todos los órdenes de la vida, ¿entonces qué es? Sería una reforma dentro del sistema para superar los desajustes y desigualdades que se producen. ¿Pero qué reforma? Debe saberse cuáles son los cambios a realizar y qué debe mantenerse porque ha mejorado la condición ciudadana.

La palabra ‘revolución’ (del latín ‘revolutio’) está ligada a la idea de cambio, de transformación, de modificación de una situación anterior por otra cualitativamente diferente.

El Diccionario de la Real Academia Española presenta cinco definiciones para esa palabra. La segunda y la quinta de ellas explican que se trata de “un cambio violento de las instituciones políticas de una nación” y de la “mudanza o nueva forma en el Estado o gobierno de las cosas”, respectivamente.

Está claro que la revolución implica un cambio, pero no uno cualquiera (o “que todo cambie para que nada cambie”, como planteó el escritor Giuseppe Tomasi di Lampedusa en “El gatopardo”). Significa algo más que un cambio de estatus social. Es un cambio total, integral y profundo de las estructuras y relaciones sociales, de las instituciones. Un cambio que produce la alteración completa del orden establecido en lo económico, social, político, cultural, de los valores, prácticas, costumbres y de la ideología que justifica el orden existente.

Además, una revolución implica que la clase dominante que está en el poder sea desplazada por una nueva clase que se orienta para hacer la transformación del orden imperante por uno nuevo. Así fueron la revolución liberal del siglo XVIII o la Revolución Rusa del siglo XX.

Claro que pueden existir cambios más profundos o violentos que otros, según las realidades de cada nación. Por ejemplo, la perestroika y la glasnost en la antigua Unión Soviética no fueron violentas, como la revolución bolchevique, que a su vez fue menos violenta que la Revolución Francesa.

Si esto es así, si por revolución se entiende un cambio total, entonces este criterio no es el que predomina en este Gobierno, porque no va a cambiar el modelo económico, la democracia representativa ni el orden existente. Y si no es así, ¿entonces que se pretende cambiar?

No quiero pensar que detrás de esto hay algo similar a un gatopardismo, pero interpreto que esta “revolución” –que en el fondo no es una revolución en el sentido estricto de la palabra– está orientada a enfrentar la llamada deuda social que el Perú arrastra desde hace años.

Y no se trata solo de universalizar los servicios de agua, por ejemplo, o de mejorar la calidad de la educación y de la salud. Se trata, como ha dicho la primera ministra, de priorizar la condición de ciudadanos. Es decir, de igualarnos en derechos y en dignidad para que todos gocemos de plena libertad, acceso a la justicia, a la integración, a la no discriminación. Ello para que estemos cada vez más empoderados, podamos tener una sociedad más segura, un Estado que sea garante de los derechos humanos, acceder a la cultura o implementar una política transparente en la lucha contra la corrupción.

Si eso se logra, seguramente no será una revolución en su acepción más completa pero sí es un progreso y una importante reforma. ¿Lograrán el presidente y su primera ministra alcanzar estos objetivos, teniendo en cuenta que además se tiene que emprender la reconstrucción del norte? La historia lo dirá.