Saludo a la bandera, por Federico Salazar

Todavía no se ha instalado la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ya se observan problemas para su funcionamiento. La comisión especial (CE), encargada del concurso público para elegir a sus miembros, tiene ya serias discrepancias en su seno.

El defensor del Pueblo, que será titular de la CE, ha dicho que la ley aprobada por el Congreso no cumple con la reforma constitucional aprobada.

Según Walter Gutiérrez, la JNJ debe ejercer un nuevo tipo de control sobre los jueces y fiscales. Lo aprobado, dice, es “una suerte de Consejo Nacional de la Magistratura maquillado” (“El verdadero rol de la Junta Nacional de Justicia”, El Comercio, 8/2/2019).

Para Gutiérrez, la JNJ debe poder controlar las salas superiores, supervisar a los órganos de control y podría suspender a jueces supremos. Sostiene que todavía pueden hacerse “las indispensables correcciones”.

El presidente del Poder Judicial y varios jueces supremos se han pronunciado en contra de la ley aprobada, por otros motivos. A los jueces preocupa, justamente, lo que el defensor reclama.

Los jueces están preocupados por los riesgos sobre el principio de independencia judicial. No es para menos. Las supervisiones y controles que reclama Gutiérrez alteran las condiciones de esa independencia.

Un juez que sabe que tiene una espada de Damocles encima, ¿puede considerar con serenidad los argumentos de una acusación y una defensa? Esa posibilidad de intervención, ¿no introduce un elemento “político”?

“No vaya a ser que me malinterpreten”, “mejor no resuelvo así porque pueden creer que…”, “tal vez mi sentencia sea intervenida por la JNJ”. Estos pensamientos no pueden entrar en el imaginario de ningún juez.

Controles que no provengan de una consideración académica vulneran la independencia del juez. Así lo señala el juez supremo Ángel Romero Díaz (“Junta Nacional de Justicia”, Expreso, 9 de febrero, 2019).

Para Romero Díaz son inaceptables las “formas de socavar la inamovilidad del juez, así como su independencia; tanto más que el propio defensor del Pueblo ha señalado que se debe sancionar a los jueces por sus resoluciones…”.

¿Cómo hacer, entonces, para que no haya jueces que prosperen en la carrera como César Hinostroza?

Las resoluciones judiciales deben ser transparentes. Esa transparencia debe corresponderse con la transparencia del proceso. Eso, sin embargo, es del ámbito de la justicia, no del órgano seleccionador.

La reforma constitucional y la ley orgánica aprobadas sobre la JNJ no tienen la capacidad de cambiar el orden institucional. Son saludos a la bandera.

La JNJ conserva el esquema corporativista del Consejo Nacional de la Magistratura de la Constitución de 1993. El CNM fue heredado de la Constitución de 1979.

¿Qué hacen en la CE, por ejemplo, rectores que representan a las universidades públicas y a las universidades privadas? Los rectores de las universidades deben administrar sus universidades y dedicarse a ¡nombrar a magistrados en la JNJ!

Cuando Alberto Fujimori dio el golpe de 1992, no quería ninguna Constitución. Intervino el Poder Judicial y, lejos de reformarlo, terminó degenerándolo.

Forzado por la situación internacional, convocó elecciones y su agrupación lideró el cambio de Constitución. Ese grupo no hizo nada para mejorar el arreglo constitucional de las instituciones de justicia.

La corrupción, por supuesto, no ha sido monopolio de los regímenes autoritarios. En democracia continuaron esas degeneraciones y perversiones.

Llegada al Congreso en el 2016, la mayoría del nuevo fujimorismo tampoco quiso o supo hacer nada para la reforma institucional.

Trepado a la ola anticorrupción, Martín Vizcarra ha querido pero no ha sabido orientar la reforma del sistema de justicia.Las reformas, por supuesto, no son tarea de un presidente. Las situaciones extremas, sin embargo, ponen a algunos delante del desafío.

Los desencuentros en la comisión especial de la JNJ, antes de que se instale, revelan la inconsistencia del suelo sobre el que se erige. El Congreso no supo corregir los errores de origen del proyecto del Ejecutivo.

Las balas contra la reforma de la justicia no vienen de un solo lado. Hay que tenerlo claro. Vienen tanto del Ejecutivo como del Congreso. De flancos distintos, pero balas, al fin y al cabo.