El presidente Martín Vizcarra ofrece una conferencia de prensa acompañado de sus ministros Salvador del Solar y Fabiola Muñoz, el pasado viernes 15 de marzo del 2019. (Foto: Sepres).
El presidente Martín Vizcarra ofrece una conferencia de prensa acompañado de sus ministros Salvador del Solar y Fabiola Muñoz, el pasado viernes 15 de marzo del 2019. (Foto: Sepres).
Federico Salazar

Periodista

El nuevo Gabinete debe pedir el voto de confianza del Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, , ha dicho que buscará un mayor diálogo. Se tiene que dejar de lado la confrontación, ha dicho.

Sería un cambio de timón. El gobierno de ha levantado su capital político sobre la base de esa confrontación.

Si le creemos a Salvador del Solar, el gobierno saldrá de esa especie de narcodependencia que consiste en “pechar” al fujimorismo.

El fujimorismo, sin embargo, ya no es el mismo. ¿Puede el gobierno vivir de aquí al 2021 del antifujimorismo?
está en la cárcel; Héctor Becerril, con grave acusación criminal; Salaverry y Beteta se insultan en los pasillos. ¿Tiene el fujimorismo el mismo poder? ¿Se mantiene, en consecuencia, la rentabilidad política del antifujimorismo?

La población entiende que el gobierno es el que manda ahora. Si el gobierno es el que manda y siguen los problemas de empleo, delincuencia, burocratización y desmanejo, ¿a quién culpar, entonces?

Mientras Del Solar pide dejar la confrontación, el presidente Vizcarra sigue “pechando” al Congreso. El jefe del Estado acaba de exigir al Congreso acelerar la reforma del sistema de justicia.

Vizcarra espera del Congreso aportes “constructivos” (¿qué aporte no lo sería?). No quiere que califiquen sus proyectos de ley con “adjetivos como los que hemos recibido de que ‘es un mamarracho’ o ‘parece un borrador’”.

Vizcarra se refiere a los proyectos de ley que aún no se aprueban. Nadie, sin embargo, ha calificado estos proyectos de ley.

Rosa Bartra usó el término de “mamarracho” para el proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Fue en setiembre del 2018.

El proyecto de Vizcarra tuvo que ser corregido. Quizá una congresista no debería tomar de otros la palabra “mamarracho”. Recurrir, sin embargo, a esa expresión del 2018 para hablar de otros proyectos, en el 2019, es usar malas artes.

Quizá falta diálogo entre el nuevo presidente del Consejo de Ministros y el presidente. Quizá, en cambio, se trate de una escopeta de dos cañones, por estrenar.

En cualquier caso, sacar las armas antes de la presentación del ministro Del Solar no es muy amigable. No lo es con el Congreso, pero tampoco con el nuevo Gabinete, que comparecerá ante aquel.

Del Solar ha dicho que “no se trata de no tener diferencias, se trata de cómo discrepamos”. El presidente Vizcarra tiene toda la razón en exigir celeridad al Congreso, pero su forma de discrepar no es honesta.

La celeridad que busca el presidente, además, no es la que procurarán sus proyectos de reforma. Tal es el caso, por ejemplo, del que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público (ANIC).

A esta autoridad se le asignan oficinas del Poder Judicial y policías especializados. Ella establece sistemas de premiación para denunciantes, tendría una oficina central en Lima, oficinas regionales, módulos itinerantes, entre otros recursos.

El proyecto establece un orden de acciones preliminares, actos, procedimientos, técnicas, revisión de expedientes, archivos, legajos, documentos, visitas, inspecciones.

La entidad puede dictar medidas cautelares, elaborar informes administrativos, ordenar investigaciones regionales o derivarlas a la jefatura nacional.

La autoridad también hace mapas de riesgo, reportes migratorios, identifica áreas de conflicto de intereses e intercambia información con la Unidad de Inteligencia Financiera y registra las buenas prácticas (¡!).

La ANIC supervisa la designación de jueces supernumerarios. Crea, pues, un nuevo poder constitucional.

El financiamiento de todas estas tareas y recursos se carga al Poder Judicial y a la Policía Nacional.

Este esquema solo creará nuevas burocracias. Estas, a su vez, tendrán que ser supervisadas.

El proyecto no parte de un estudio de las fallas del sistema de justicia; obviamente, no las arregla. Solo sobrepone una nueva estructura burocrática sobre la ya existente.

El análisis costo-beneficio es, para no usar la palabra ‘mamarracho’, una vergüenza.

La celeridad que pide el presidente busca el rédito político, no eficiencia en la justicia. Exigir rapidez de malas maneras es, además, inconducente e irresponsable.

No se lucha contra la corrupción creando más confrontación y más burocracia.