(Ilustración: Archivo El Comercio)
(Ilustración: Archivo El Comercio)

Si usted está leyendo esta columna por internet, probablemente está utilizando agua subterránea. La polémica decisión del Google de extraer más de cinco millones y medio de litros al día en Charleston (EE.UU.) a fin de emplearlos en el sistema de enfriamiento de uno de sus megacentros de datos -claves para la prestación del servicio de internet- es el último ejemplo de la creciente competencia entre el uso del agua subterránea para consumo humano y para el resto de actividades productivas.

Olvídese del terrorismo internacional. La sobreexplotación de los acuíferos es el mayor riesgo que enfrentan empresas y ciudadanos en cualquier parte del mundo. En el Perú, esta situación ya se ha presentado en Ica, comprometiendo la actividad agroexportadora de la que depende buena parte del empleo en la región. Pero esa situación palidece cuando se compara con la ausencia de agua en las ciudades, como desgraciadamente hemos podido comprobar este año debido al fenómeno de .

La sobreexplotación del agua subterránea, y la consecuente inseguridad hídrica que genera, se debe a dos razones: precios bajos del agua y falta de conciencia sobre el problema.

En primer lugar, los precios por el agua subterránea no reflejan ni la escasez del recurso ni las inversiones necesarias para su preservación, lo que hace inviable su sostenibilidad. Las empresas que tienen a su disposición agua subterránea prefieren extraerla a obtenerla de la red pública porque sale mucho más barato. (En Lima cuesta tres veces menos). La situación de insostenibilidad se agrava debido a que un reducido grupo de grandes empresas, amparadas en decisiones judiciales, extraen ingentes cantidades de agua prácticamente gratis.

En segundo lugar, los ciudadanos ignoran que el agua subterránea es crucial para garantizar el abastecimiento. Lo único bueno de haber vivido recientemente la pesadilla apocalíptica de tener una ciudad de 10 millones de habitantes sin agua durante más de cuatro días es que los medios de comunicación dieron a conocer de dónde sale el agua que llega a nuestros hogares. Cuando no es posible potabilizar agua del río, debido a huaicos, sequías o terremotos, las aguas subterráneas son la única reserva para el abastecimiento de agua para la población.

Por desgracia, la memoria colectiva es frágil; si los ciudadanos y la prensa olvidamos la importancia de las aguas subterráneas, volveremos a estar sin agua cuando llegue el próximo desastre natural nadie porque nadie tomó medidas para asegurar su disponibilidad.
Por suerte, estas medidas ya pueden tomarse. El Perú cuenta con un régimen especial de monitoreo y gestión de uso de las aguas subterráneas, creado por el Decreto Legislativo N° 1185 y cuya metodología fue aprobada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS. Este régimen -pionero en el mundo-, asigna la responsabilidad de cautelar las aguas subterráneas a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). Para ello, deben brindar el servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas en su ámbito de influencia.

Tratar el monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas como un servicio regulado supone un gran avance en la protección de este recurso estratégico. Al definirse como un servicio, las EPS tienen derecho a presentar una propuesta tarifaria para cubrir los costos operativos y las inversiones necesarias para su prestación. La propuesta, previa discusión en audiencia pública, finalmente debe ser aprobada por la SUNASS. Así, serán quienes explotan las aguas subterráneas para sus negocios los que paguen por los proyectos que preservan el acuífero, y no únicamente los usuarios de agua potable, como injustamente sucede ahora.

La norma no es perfecta -de momento solo aplica en Lima y Trujillo y los usuarios agrícolas están excluidos de pagar la tarifa-, pero es una magnífica herramienta para garantizar la disponibilidad del agua subterránea para todos los usos, en particular, para uso poblacional.

Es momento de que las EPS interioricen su nueva función de gestores de los acuíferos y presenten sus propuestas tarifarias de acuerdo con la metodología establecida por SUNASS, lo que redundará en una mayor seguridad hídrica para todos.

*El autor ha sido Gerente Adjunto en la Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS.