(Foto: Difusión)
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Iván Alonso

Esta semana han salido a la luz las cifras recopiladas por una comisión del Congreso sobre los incrementos presupuestales sufridos por una serie de obras concesionadas en los tres gobiernos pasados.

Para las 41 obras investigadas, los incrementos suman 2,903 millones de dólares, que equivalen al 18% de los 15,979 millones originalmente presupuestados. El Congreso hará sus propios análisis y sacará sus conclusiones; pero, con el ánimo de que el lector tenga una perspectiva más amplia, vale la pena explicar que no todo incremento presupuestal se deriva de una conducta oportunista.

Hay tres razones por las cuales el presupuesto de una obra puede incrementarse durante su ejecución. La primera es el aumento en los precios de los materiales e insumos de construcción. La segunda es la incorporación de elementos que no estaban considerados en el presupuesto inicial. Y la tercera razón es lo que se llama “riesgo geológico”.

Cuando la ejecución de una obra se extiende en el tiempo, dos o tres años, digamos, nadie sabe a ciencia cierta cuánto costarán los insumos en el momento en el que se los necesite. Esa certeza sólo se podría lograr adquiriéndolos de antemano, pero el costo financiero de inmovilizar equis millones de dólares sería prohibitivo. La pregunta, entonces, es quién asume el riesgo de que el costo de la obra termine siendo mayor. Generalmente es el dueño de la obra, puesto que el contratista nada más presta un servicio. Pero el dueño de la obra, a su vez, trata de protegerse para no asumir incrementos que no tienen nada que ver con los precios de los insumos, sino con errores de cálculo o ineficiencias del contratista. Para eso se utiliza fórmulas “polinómicas”, que van sumando, en cada liquidación de avance, las variaciones en los precios de los principales insumos (acero, petróleo, mano de obra etc.), ponderadas por la importancia de cada uno en el presupuesto inicial. El ajuste no es perfecto porque considera solamente algunos insumos, pero facilita una división del riesgo que resulta aceptable tanto para el contratista como para el dueño de la obra.

La segunda fuente de incrementos presupuestales es la inclusión de elementos que no eran parte del diseño original o la sustitución de algunos que sí lo eran por otros. Aquí, sobre todo, es donde hay que poner atención. Pueden haberse omitido, intencionalmente o no, detalles importantes que requieren trabajos adicionales. O pueden surgir posteriormente debido a un cambio en las condiciones del lugar donde se ubica la obra, en las regulaciones aplicables o en los equipos y tecnologías disponibles.

La tercera fuente de incrementos presupuestales, el riesgo geológico, puede ser la más grande de todas. El contratista hace un presupuesto asumiendo determinadas características del terreno donde se emplaza la obra. Puede hacer algunas perforaciones para comprobarlas, pero no, por el costo, una investigación exhaustiva. Si al momento de excavar encuentra que la dureza o el espesor de la roca no eran como pensaba, necesitará más cimientos; y el costo, naturalmente, será mayor. Este riesgo también recae generalmente sobre el dueño de la obra.

Por todas estas razones, no se puede saltar alegremente a la conclusión de que un incremento en el presupuesto de una obra evidencia un hecho doloso. El lector –y ojalá el congresista– estará prevenido.