¿No son una organización criminal?, por Carlos Basombrío Iglesias

¿Qué dice la ley del crimen organizado?

1. “Se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente ley”. (Para ponerlo en simple, uno de esos delitos puede ser corromper o corromperse). 2. “La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal”.

¿Alguna duda de que en el caso del juez César Hinostroza Pariachi y sus adláteres existe una organización criminal? Pues para Fuerza Popular, no hay sustento suficiente.

Creo que nadie que conozca sobre este tema puede llegar a la conclusión de que un grupo de jueces y fiscales que a lo largo del tiempo lograron tomar el control de la Corte Superior del Callao, que empezaron a influir de manera decisiva en las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura y que habían avanzado en colocar a su gente en la Corte Suprema –todo ello con el visible propósito de obtener beneficios ilegales–, no constituye una organización criminal.

Lo único que los fiscales necesitan del Congreso es la autorización para investigar los delitos por los que puede ser juzgado el vocal de la Corte Suprema. Esto dado que, debido a su cargo, el señor Hinostroza goza del beneficio de la inmunidad; o sea, solo puede ser investigado y juzgado por aquello que decida el Congreso. Y algo que es obvio para cualquier persona de buena fe, no lo es ahora para los congresistas de la mayoría, quienes señalan que no hay sustento suficiente para poder acusar a esta persona por pertenencia a una organización criminal.

La clave es, pues, saber qué ocurrió entre la subcomisión de Acusaciones Constitucionales –en la que todos, incluidos los fujimoristas, votaron por incluir el delito de crimen organizado– y la Comisión Permanente –en la que todos los fujimoristas cambiaron de opinión–. Le echan la culpa a las limitaciones del dictamen preparado por el congresista Oracio Pacori, cuando este es el mismo que les pareció suficiente en la subcomisión. Siendo así, lo ocurrido solo puede ser explicado por una decisión centralizada. A saber, la de Keiko Fujimori (para muchos, entre los que me incluyo, la “señora K”).

De ratificarse en el pleno, esta decisión tendría un efecto cascada, excluyendo a los demás imputados de una posible sindicación a este respecto. Si a quien la fiscal del caso sindica como el jefe de la organización criminal se le excluye del proceso, pues por obvias razones los demás tampoco pueden ser procesados por pertenecer a ella. Los procesos terminarían entonces centrándose en delitos ordinarios de individuos, tramitados en fiscalías y cortes que –sabemos demasiado bien– pueden resolverse con generosidad cuando se trata de un “hermanito”.

Si esta barbaridad persiste, el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto virtualmente se caerá. Es decir, el escándalo de corrupción, descubierto con la difusión de los audios, deambulará por los juzgados durante algunos años, quizás incluso con sus principales protagonistas enfrentando juicios en libertad, hasta que vayan siendo absueltos o condenados a penas ridículas.

El presidente de la República ha sido muy claro en señalar que esto es inaceptable. “Exonerar al principal responsable de esta organización criminal, al juez supremo Hinostroza, eso es realmente muy preocupante. [...] Espero que cuando llegue al pleno, cada uno de los congresistas haga un análisis detallado, porque va a quedar absolutamente evidenciado quiénes realmente quieren combatir la corrupción […]. En cada región hay un congresista, cuando se vote en el pleno si el juez es parte de la organización criminal, después tendrán que ir a su pueblo a rendir cuentas”, ha dicho.

La Comisión Permanente tomó la decisión de madrugada. En las horas siguientes, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, solicitó una audiencia al presidente de la República. No sé lo que habrán conversado allí, pero me parece que incluyó el mensaje de Salaverry de querer tratar de parar esta barbaridad. Las razones que han convertido a Salaverry, súbitamente, en un crítico de su bancada, cabría comentarlas en otro lugar. Pero lo cierto es que, cada vez con más frecuencia, se lo escucha discrepando públicamente de lo que, creo, son indicaciones específicas de Keiko Fujimori. Lo hace de nuevo ahora, al declarar que el pleno tiene que reflexionar con mucho cuidado antes de tomar una decisión final sobre esta materia.

Creo que este no es un tema de reflexión, sino de cálculo. Para mí, solo cambiarán de postura si llegan a darse cuenta de la inmensidad del daño que se siguen autoinfligiendo políticamente. Pero para otros, eso lo saben de sobra y lo que realmente les preocupa está más bien referido a la justicia penal.