El sueño de un Perú moderno e inclusivo, por Claudia Cooper

En el 2017, la presión tributaria llegó a 13% como resultado de una economía golpeada por el fenómeno de El Niño costero y la corrupción. En el 2018, la situación mejoró notablemente, con un crecimiento de dos dígitos y 15 meses continuos de incremento en la recaudación, algo que no se observaba desde el 2013. Este logro no solo es producto de mejores ingresos mineros, sino que también se observa en los demás sectores económicos.

No obstante los buenos resultados, la presión tributaria apenas roza 14% sobre el PBI en el 2018 y en los últimos 20 años, con todas las fases del ciclo económico y con una Sunat más facilitadora o más fiscalizadora, la presión promedio se ha estacionado entre los 12,7% y 16,9%. Comparado con países de la región, el Perú debería estar entre 16% y 20%.

La economía informal, que crece más rápido que la formal, contiene un componente ilegal cada vez mayor y la tolerancia social de la informalidad no solo consolida la elusión y reducción de la presión tributaria, sino que irá erosionando implacablemente la formalidad.

En nuestro ecosistema de “formalidad”, las personas y empresas eligen la informalidad porque es lo financiera y racionalmente rentable. Para un ciudadano que tiene la alternativa de un RUS de 20 soles, acceso a salud con un SIS gratuito y una futura pensión no contributiva de Pensión 65, lo lógico es mantenerse en el margen de la formalidad.

Por el lado de las empresas, la diferencia entre la productividad de una microempresa y una gran empresa es sideral. Y en el Perú, más del 95% de los negocios califican como microempresas. Con esta estructura empresarial, soñar con un plan eficaz para aumentar la productividad del país es una quimera. Y es que condicionar la regulación al tamaño de las empresas crea los incentivos no solo para quedarse pequeño e improductivo, sino para el subreporte de ventas y utilidades, lo que se traduce en menores impuestos.

Tenemos un modelo tributario de tres regímenes tributarios superpuestos, donde su complejidad radica en que cada tamaño obliga a cambiar la manera de calcular los impuestos. El primero es cuota fija (RUS), el segundo es por nivel de ventas (RER) y en el último la determinación del impuesto es por las ganancias, donde importan las ventas y compras (por no incluir a las personas naturales con negocio). El resultado: no se crece. Y si se crece, no se reporta o se fracciona. Es complejo jugar en el siguiente nivel, creándose con esto un incentivo perverso contra el crecimiento y el cumplimiento. Lo razonable, entonces, es reconstruir el modelo de tres niveles, pero siempre con las mismas reglas basadas en ganancias (es decir, siempre jugar el mismo juego, pero en tres niveles: básico, intermedio y avanzado).

Para los dos primeros niveles, la simplificación de la determinación de las obligaciones tributarias es indispensable. Y esta se basa en dos elementos de transformación digital de la Sunat: la factura electrónica y la cuenta única (ambas permitirán que el contribuyente reciba mensualmente su estado de cuenta).

Para el tercer nivel, se requiere mantener el actual régimen general, pero con una importante revisión, sobre todo en lo procesal, a fin de dar predictibilidad a las obligaciones tributarias y garantizar el balance entre la Sunat y el contribuyente.

Las administraciones tributarias modernas se miden crecientemente en base al cumplimiento voluntario de los contribuyentes, especialmente los pequeños. Sin embargo, en el Perú nos hemos acostumbrado a lo contrario: incentivar a la administración a desarrollar procedimientos cada vez más intrusivos.

Para los grandes, la inserción en la fiscalidad internacional (de forma progresiva tomando en cuenta la capacidad institucional del país) es la tendencia. Y la incorporación de especialistas sectoriales en sectores complejos como minería, pesca, energía, sistema financiero, etc.) ayudará a entender el cambiante proceso de generación de rentas y así minimizar los litigios.

Para soñar con la competitividad, el Perú debería estar en el rango entre 16% y 20% de presión tributaria, lo que no se logrará sin un cambio en la dirección de nuestras políticas públicas.