¡Al tacho las reformas!, Federico Salazar

Desde el 2016 ni el Congreso ni el Ejecutivo vieron la urgencia de
hacer una reforma institucional. En lugar de legislar y gobernar, se dedicaron a pelear.

Eso llevó a la crisis presidencial del 2017. El cambio de presidente alivió los ánimos, pero no cambió el ritmo paquidérmico de los poderes del Estado.

El presidente Martín Vizcarra, en su último mensaje a la nación, quiso cambiar el ritmo. Sacudió al Congreso proponiendo una reforma constitucional, de cara a las demandas de la gente.

Ha propuesto la no reelección de los congresistas. Recoge con ello un clamor de la población en relación al actual Congreso. Las leyes, y
más aún la Constitución, sin embargo, no pueden mirarse con los ojos de la coyuntura.

Para expresar rechazo al actual Congreso no se debe usar la reforma constitucional. Sobre todo, si esta se realiza sin estudio ni reflexión.

El problema de la representación nacional no son los congresistas de hoy. Son los congresistas de siempre. No reelegir a los actuales congresistas no garantiza que elegiremos mejores nuevos congresistas.

Para elegir mejores congresistas necesitamos un sistema nuevo de elección. El problema no es cómo las Yesenias Ponce llegan al Parlamento, sino cómo estas llegan a las listas.

La no reelección solo satisface a la población como instrumento para expresar rechazo. Esta reforma no es efectiva para obtener lo que se busca: una mejor selección de postulantes.

Para que haya mejores postulantes hay que reformar el sistema de los
partidos, el sistema de elecciones y el sistema de fiscalización de los representantes elegidos. La no reelección, además, hace imposible hacer una carrera política especializada.

Si alguien quisiera dedicarse a la política, prepararse para ello, proyectar su prestigio para poder ser reelegido varias veces, no podría. La función de congresista solo se podría ofrecer a los espontáneos, a los improvisados o a los aprovechados de mediano plazo.

Nadie que legislara tendría experiencia de legislar. Sobre ninguno de los recién elegidos podríamos conocer su pasado o su línea de conducta. Cada elección tendríamos nuevos y desconocidos
congresistas. Tiraríamos al tacho la capacidad de aprender de la experiencia (de los congresistas y de los electores).

El presidente Vizcarra también propone regresar a la bicameralidad. No lo hace sobre la base de un estudio sobre el problema de la
representación.

Para calmar los reclamos de la población sobre un mayor gasto, el jefe del Estado propone mantener el número de 130 representantes. Esto es un error profundo.

El problema en el Perú es el ilimitado poder que tienen las autoridades. Más bien, en caso de optarse por la bicameralidad, debería haber más congresistas y más senadores.

El Perú requiere estar en permanente estado de guerra contra la corrupción. Las instituciones del Estado han sido infiltradas por corruptos, delincuentes y aprovechados. Se necesita, por tanto, redoblar esfuerzos en fiscalización.

Sin embargo, ¿quién debe hacer la fiscalización? ¿Cuántos deben hacerla? ¿Menos o más? Y mientras unos fiscalizan, ¿cuántos
quedan para legislar?

Por otro lado, un Senado de 30 representantes da mucho poder a cada uno. Se reduce la posibilidad de representar distintas opciones políticas y se le da más poder a las mayorías del momento.

Recordemos que el Senado elegido en 1985 cometió la barbaridad de aprobar la ley de estatización de la banca de Alan García. La categoría de “senador” no libró a los representantes de las influencias del poder, la locura de los iluminados y el apetito revolucionario.

Nuevamente, más que en el Congreso, la reforma debe encaminarse al proceso de selección de los representantes.

El presidente Vizcarra ha querido, además, regalarle a la platea un sistema de cuoteo. En su reforma, las listas de candidatos deben contener 50% de hombres y 50% de mujeres. ¡Como si optar por un género nos diera alguna noción de la calidad de la legislación! ¡Como si la ley debiera imponer tal criterio a los electores!

Es una pena que la iniciativa del Ejecutivo de iniciar un proceso de reformas se arruine con proyectos que no tienen por objeto mejorar
las instituciones, sino, al parecer, solo mejorar la imagen momentánea del presidente.

Se ha desaprovechado una oportunidad para el país.