¿Tocamos fondo?, por Francisco Miró Quesada Rada

Hace años que la democracia representativa está en crisis, y que esta se ha agudizado no solo en el Perú y en América Latina, sino también en Estados Unidos y en Europa. En nuestro país, la crisis política de representación –no solo en la política, sino en otras actividades– comenzó durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). Según encuestas de aquella época, la mayoría de ciudadanos empezaba a desconfiar de sus representantes y, en general, de los políticos. Tanto así que, cuando Alberto Fujimori dio su golpe desde Palacio apoyado por las Fuerzas Armadas –que lo convirtió de súbito en dictador–, la mayoría lo aprobó.

Cierto es que hubo un intento para recuperar esa confianza durante el gobierno de Valentín Paniagua, pero el tiempo quedó muy corto por la naturaleza transitoria de dicha administración y porque ciertos grupos de poder económico y político no apoyaron este único esfuerzo de institucionalidad que hubo en el Perú. Una situación que, dicho sea de paso, ha llegado hasta nuestros días, en los que vemos cómo desde el Congreso y el Gobierno se ha tirado por la borda las propuestas de reforma constitucional.

Es conocido que, desde que Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones en el 2016, el fujimorismo empezó a sabotearlo creando, con el apoyo de algunos aliados, un clima de permanente tensión entre el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo. Dicha tensión, asimismo, no amainó durante la administración de Martín Vizcarra, sino que continuó en la forma de amenazas de interpelaciones y de cuestiones de confianza.

Quienes partieron de la premisa de que habría cohabitación entre PPK y Fuerza Popular porque ambos coincidían en su pensamiento económico se olvidaron de que la economía no es la política, porque esta última implica la lucha por el poder que, en muchas ocasiones, se traduce en un intento por imponer una voluntad sobre otra, como hizo Keiko Fujimori contra Kuczynski.

Esta ofensiva, además, se extendió a la gestión de Vizcarra (que cada vez parece más un gobierno de transición que uno de continuación).
No obstante este conflicto, el paquete de reforma política del Gobierno, bien consensuado, pudo ser la solución, al menos para superar en parte una crisis de gobernabilidad y de representación que, como un huaico, se venía con todo. Sin embargo, esta se agudizó por desentendimiento entre los dos poderes del Estado y, finalmente, el tema de la inmunidad se volvió el detonante que sirvió de pretexto para que el presidente diga “nos vamos todos” y plantee una consulta popular para convocar nuevas elecciones.

Hasta que el Congreso se pronuncie sobre la iniciativa presidencial, no sabemos qué sucederá con este estado de cosas. No obstante, la pregunta es: ¿por qué pasar el tamiz del referéndum y no ir directamente a elecciones? Creo que Vizcarra, y quienes lo apoyan en el Gobierno, se han dado cuenta –o al menos han intuido– de lo que dijo Carlos Meléndez en un artículo publicado hace meses en este Diario (“Referéndum para informales”). Que “mecanismos como el referéndum resultan la promesa democrática para los informales”; es decir, para la mayoría de los peruanos.

Resulta interesante que una institución formal, jurídicamente reconocida en la Constitución, sea el mecanismo más eficiente para empoderar a la mayoría de los peruanos. Esto no es populismo, como sugieren algunos; es democracia. Ellos se empoderan porque son consultados, porque se les escucha, lo que hace mucho tiempo no vienen haciendo la mayoría (siempre hay excepciones) de las dirigencias políticas que se han distanciado y no comprenden la necesidad que tienen los peruanos de ser consultados y escuchados.

Hemos, pues, tocado fondo y ahora hay que salir flotando por un camino constitucional. Conviene hacerlo a través de un referéndum y no ir de frente a un adelanto de elecciones aprobado por el Congreso, no porque esta última no sea una vía constitucional, sino porque después de tanto daño hecho a los peruanos, merecemos decidir libremente sobre el futuro de nuestra nación.