"Desde que AfD ingresó al Parlamento, con frecuencia ha puesto a prueba esta 'democracia defensiva'". (Foto: Getty Images)
"Desde que AfD ingresó al Parlamento, con frecuencia ha puesto a prueba esta 'democracia defensiva'". (Foto: Getty Images)
Emily Schultheis

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¿Debería una agencia gubernamental poner bajo vigilancia a un partido elegido democráticamente si se teme que el partido sea una amenaza para el orden democrático?

Esta pregunta es objeto de un feroz debate y una batalla legal aquí. A fines del mes pasado, los medios de comunicación alemanes informaron que la Oficina para la Protección de la Constitución estaba lista para declarar al partido de Alternativa para Alemania (AfD) como un “caso sospechoso” de actividad extremista antidemocrática. El discurso antiinmigrante y antiislámico del partido ha envalentonado a la extrema derecha y algunos de sus funcionarios tienen vínculos con grupos extremistas.

La designación de “caso sospechoso” le daría al servicio de inteligencia amplios poderes para vigilar a los políticos y miembros del personal del partido. Algunas partes muy radicales del partido ya están bajo vigilancia.

Los líderes de AfD, el partido más grande fuera del bloque gobernante en el Parlamento, llevaron de manera preventiva a la Oficina de Protección de la Constitución a los tribunales, argumentando que la designación era una maniobra política diseñada para perjudicar las posibilidades del partido en las elecciones federales de septiembre. La batalla legal podría tardar meses en resolverse.

La disputa plantea interrogantes sobre cómo un estado democrático debe trazar la línea entre lo que es políticamente aceptable y lo que no, especialmente cuando las opiniones extremas parecen fomentar la acción violenta. En los Estados Unidos, estas preguntas se han vuelto más urgentes a raíz del asalto al Capitolio el mes pasado. Alemania ha estado luchando con ellos durante años, y con un enfoque renovado desde que AfD ganó sus primeros escaños parlamentarios en 2017.

La experiencia alemana sugiere que las democracias deben establecer mecanismos de defensa contra tales amenazas extremistas internas. Esto incluye trazar líneas claras para un comportamiento democrático aceptable y penalizar formalmente a los partidos y movimientos que los cruzan.

El partido AfD se fundó a principios de 2013. Se convirtió en una fuerza política importante al protestar por la afluencia de refugiados a Alemania en 2015 y 2016. Se ha vuelto más radical a lo largo de los años. Algunos en el partido, por ejemplo, tienen vínculos con Generation Identity, un grupo de extrema derecha que se opone al liberalismo político y a los inmigrantes no europeos.

La constitución que adoptó después de la Segunda Guerra Mundial establece lo que a menudo se llama una “democracia defensiva”, con varias disposiciones destinadas a evitar que una fuerza de extrema derecha como los nazis vuelva a tomar el poder. El servicio de inteligencia nacional no solo puede recopilar información sobre cualquier movimiento político o partido que considere una amenaza para el orden democrático, sino que el tribunal constitucional también puede prohibir partidos basándose en lo que encuentre el servicio de inteligencia.

Desde que AfD ingresó al Parlamento, con frecuencia ha puesto a prueba esta “democracia defensiva”, empujando, y a menudo cruzando, los límites del discurso público aceptable. Sus políticos han sugerido que los migrantes podrían ser fusilados en la frontera o gaseados. Han incursionado en teorías de conspiración como el “Gran Reemplazo”, que imagina una campaña para reemplazar a la población blanca de Europa con gente no europea. Incluso han tratado de restar importancia a los horrores del pasado nazi.

Eso no significa que sea fácil usar herramientas constitucionales para hacer retroceder a un partido político extremista. Más de cinco millones de alemanes votaron por AfD en 2017, y aunque su apoyo ha disminuido durante la pandemia, sigue siendo una fuerza significativa en el Parlamento alemán.

Aun así, Alemania tiene un arsenal de herramientas constitucionales para protegerse contra las fuerzas extremistas, incluso si su uso genera controversia y acusaciones de persecución. La “democracia defensiva” está funcionando, al menos en el sentido de que el servicio de inteligencia nacional ha reconocido una amenaza y está tomando medidas para eliminarla. En un momento en que la desinformación, la polarización política y las fuerzas de extrema derecha se combinan para poner en peligro las democracias en Occidente, otros países deberían tomar nota.


–Glosado y editado–

© The New York Times

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