Una coyuntura crítica

La elevada fragmentación de la sociedad peruana ha llegado finalmente a la política. Tal vez ya estemos en el largo plazo. Si las élites –políticas, económicas y sociales– no se hacen cargo del problema, es posible que volvamos a perder la senda del desarrollo, como ha ocurrido tantas veces desde la creación de la República.

La democracia peruana ya fracasó en los 80. No pudo con el terrorismo, ni con la crisis económica. El fujimorismo de los 90 relanzó la economía, pero destruyó la institucionalidad democrática en la búsqueda de un tercer período de gobierno.

En el presente siglo, la economía peruana siguió avanzando más rápido que sus pares regionales, como toda economía de mercado con estabilidad macroeconómica. El sector privado hizo su trabajo.

Sin embargo, los servicios públicos no fueron a la misma velocidad. El rol del Estado en la economía aparece nada menos que en el primer artículo del régimen económico de la Constitución. El Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

En el caso del empleo, el crecimiento económico hizo posible enfrentar el dinamismo de la oferta laboral y defender los salarios reales. Lamentablemente, por un mal diseño conjunto de las normas tributarias, de protección social y laborales aplicables a las empresas y trabajadores de menor productividad, la economía presenta lo que podríamos denominar un exceso de informalidad laboral.

En el caso de la salud y la educación, estas aparecen en el capítulo de los derechos sociales y económicos de la Constitución. En este, se reconoce el derecho a la protección de la salud. El Estado determina la política de salud. La diseña y conduce para facilitar el acceso a los servicios de salud. Asimismo, es responsable de la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. El Estado puede subvencionar la educación privada.

Como se desprende de la Constitución, el Estado tiene asignado un rol económico central, pero no respondió a su mandato. Las políticas públicas no mejoraron al ritmo de las demandas de la ciudadanía. El Estado no cumplió con su mandato constitucional. Ello crea desafección por la política y termina afectando al sistema democrático.

Pero lo más grave se venía cocinando a fuego lento. Los políticos que llegaron al poder desde el 2001 no lograron consolidar un nuevo sistema de partidos. Como sustituto precario, el sistema era administrado por las tecnocracias de turno.

Los partidos políticos que llevaron al poder a Toledo, García, Humala y Kuczynski no fueron capaces de proponer nuevamente a candidatos competitivos, fueron barridos en las siguientes elecciones al Congreso y hoy han desaparecido.

Antes de la llegada de la pandemia del COVID-19 y la recesión del 2020, Vizcarra había destruido el equilibrio de poderes y generado un retroceso en el sistema político: la no reelección de representantes. El nuevo y corto Congreso terminó devorándolo.

En el 2021, Castillo llegó al poder con el 19% de los votos válidos en primera vuelta y apenas el 10,7% del total de votantes habilitados. En lo que va de su mandato, ha debilitado la tecnocracia y ha seguido degradando la figura presidencial. Mientras que el Congreso ha mostrado en conjunto su debilidad para el control político y para dar normas que reflejen tanto las preferencias de las mayorías como el bien común.

En este estado de cosas, las expectativas económicas vienen quebrando récords de meses continuos en terreno pesimista, lo que hace presagiar un lento dinamismo económico casi indefinido que, tarde o temprano, se puede reflejar en malestar ciudadano. Ese marco general puede crear espacios para políticos de los extremos del espectro. Ambos canalizando las rabias por el statu quo.

En lo que va del siglo, la economía y la política nunca tuvieron cuerdas separadas, pero quizás ahora lo vemos hasta en el corto plazo. Nuestro país puede salir airoso y volver a crecer dinámica y sostenidamente por muchos años, pero también puede no hacerlo. Estamos ante una coyuntura crítica. Vuelvo al primer párrafo.