(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Carlos Basombrío Iglesias

Analista político y experto en temas de seguridad

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Cuando parecía que no habían los votos para la vacancia, el mal mayor, cual coche sin frenos en bajada, se llevó de encuentro al país.

¿Cómo sucedió?

No hay que hurgar mucho. César Acuña le ordenó a su bancada votar a favor de la vacancia por razones que aún desconocemos, pero muy probablemente ligadas a desavenencias de última hora con Martín Vizcarra, al que, hasta la víspera, apoyaba. Réstenle 20 votos a los 105 que obtuvo la moción y Vizcarra seguiría siendo presidente.

Cruel giro de la historia. Las recientemente reveladas conversaciones de WhatsApp entre el exministro José Manuel Hernández y Vizcarra parecen indicar cómo ambos conspiraban con Acuña y César Villanueva (también de APP) para vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Peor aún, parece que Vizcarra buscaba lo mismo con el fujimorismo, nada menos que vía Héctor Becerril, probablemente el congresista más repudiado de aquella época. APP y Fuerza Popular repiten el plato, pero esta vez contra Vizcarra.

Queda pendiente saber cómo pasamos de 60 votos –que admitieron a trámite la moción de vacancia– a los 85 que habrían quedado si César Acuña mantenía su palabra. Probablemente ha habido muchas negociaciones bajo la mesa con Manuel Merino, pero creo que lo determinante fue la torpeza (¿provocación?) de Vizcarra espetándoles a los congresistas que 68 de ellos estaban, como él, investigados por la fiscalía. Dada la pompa ridícula y el ego inflado que usualmente reina entre los legisladores, estos se sintieron ofendidos. “¿Cómo osa decirnos esto a nosotros?”, se repitió bajo diferentes formas en múltiples intervenciones.

En suma, motivaciones deleznables, cuestionables y quizás, en algunos casos, fruto de acuerdos turbios.

La vacancia presidencial es la victoria del peor Congreso y expresión de lo más despreciable de la clase política. Epítome de ella son Podemos Perú, de José Luna Gálvez, que cumple detención preliminar por la inscripción fraudulenta de su partido, y dueño de una universidad “jalada” por la Sunedu. También Unión Por el Perú (UPP), de Antauro Humala, Edgar Alarcón y José Vega (que apenas saliendo del anonimato que lo cubría ya está mostrándonos el oscuro mundo en el que se ha movido).

El que avaló el populismo, la demagogia y protegió a sus miembros más cuestionados es hoy presidente de la República. ¡Qué peor!

Dicho lo cual, todo esto no ocurrió en el vacío. Martín Vizcarra los proveyó de todas las justificaciones que buscaban para hacerse con el poder. Las graves, creíbles y cada vez más corroboradas acusaciones de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua no las inventó el Congreso.

Estuve y estoy radicalmente en contra de la decisión tomada, pero me parece una grave irresponsabilidad señalar que lo que se ha producido es un golpe de Estado y lo que corresponde es poner en vigencia el artículo 46 de la Constitución, que autoriza la desobediencia y la insurgencia contra un gobierno usurpador.

Ni el 30 de setiembre, cuando el entonces presidente Vizcarra disolvió el Congreso por negarle la confianza a su presidente del Consejo de Ministros, ni el 9 de noviembre, cuando el nuevo Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente, lo han sido. Eso sí, son ambas medidas profundamente discutibles y discutidas. En este último caso, aplicando la letra de la Constitución que establece que es el Congreso el que declara la incapacidad moral del presidente. La figura es demasiado abierta y su aplicación, peligrosa. Pero ni el Gobierno, ni el presidente afectado, ni los constitucionalistas, ni los ciudadanos de a pie tenemos la atribución de interpretar que una medida aplicada por el Congreso, en el marco explícito de sus atribuciones, sea inconstitucional. Para eso está el Tribunal Constitucional (TC) que, por cierto, no dio la cautelar que le pidió Vizcarra en su momento.

Es posible que el que empieza sea un gobierno débil, errático e inestable. Me parece legítimo que la población exprese su protesta pacíficamente en las calles de todo el país, porque servirá de advertencia a Merino de que no se le va a tolerar que gobierne el Perú como manejó el Congreso. Pero la página está volteada y a los ciudadanos solo nos queda estar vigilantes de lo que pueda hacer Merino como presidente.

Entre los mínimos exigibles al nuevo gobierno está que no sea “el gobierno del Parlamento”, para garantizar así una mínima separación de poderes. Que no se paguen favores políticos a los partidos políticos involucrados en la vacancia (algunos dicen que se ha ofrecido hasta indultar al asesino de policías Antauro Humala). Que se garantice la independencia de las investigaciones contra la corrupción, tanto las que involucran al expresidente Vizcarra, como las que tienen que ver con líderes de varios de los partidos que han votado por la vacancia. Que la neutralidad frente a las elecciones sea impecable. Y que, dadas las condiciones y circunstancias, gobierne lo menos mal que le sea posible.