El fin de las protestas radicales violentas ha abierto un ciclo de estabilidad política precaria y mediocre. Una en la que, después de tantos años de confrontaciones, el Gobierno y el están umbilicalmente unidos para conseguir un objetivo: quedarse hasta el 2026. Paradójicamente, en ambos casos, lo que hicieron en la época de y lo que hacen ahora constituye la principal amenaza para conseguirlo.

Recordemos. , militante del marxista-leninista Perú Libre, fue puesta en la plancha presidencial por Vladimir Cerrón, cuya laxitud con el cumplimiento de la ley en beneficio personal y de su partido son de antología.

En el infausto gobierno de Castillo, Boluarte fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante 486 de los 497 días que duró el gobierno y no dijo ni chus ni mus frente a las incontables barbaridades que ocurrieron. Solo dejó el poder 11 días ante del golpe porque tenía una rivalidad personal con Betssy Chávez y, quizás, porque olfateó que lo de Castillo era terminal.

Es presidenta porque eso era lo que le tocaba constitucionalmente, pero ello no cambia que, dada su trayectoria y sus juntas, había que tener las barbas en remojo.

Y, bueno, estamos presenciando un rosario de hechos de creciente gravedad que confirman las preocupaciones sobre quien hoy encarna a nuestra (maltratada) nación y debe liderarnos en tiempos tan duros.

Destaco su relación con Henry Shimabukuro, que fungió de “agente especial de la DINI asignado a Palacio”, cumpliendo encargos tan reveladores como hacer de chofer para la reunión secreta de Castillo con quien creía que iba a ser el artífice de la inteligencia paralela.

Pese a que Dina lo ha negado más veces que Pedro a Jesús, emergen cada vez más indicios de que ella tuvo con el siniestro personaje una relación política muy cercana y que este último le habría financiado la campaña electoral con dinero ilegal. Hay evidencias irrebatibles que van mucho más allá de los dichos.

No documentada pero urgente de ser investigada es la versión de Shimabukuro de que ella recibió S/150.000 del empresario Eduvigis Beltrán, que luego se habría visto beneficiado con contratos en el Midis.

Agréguense las extrañas movidas de su hermano Nicanor, de su ‘primo’ Víctor Torres y de su íntima amiga Grika Asayag que, juntas, prenden muchas alarmas y hunden su poca credibilidad de origen.

Si todo esto es –como dice ella– un complot de los rezagos del castillismo, alguien podría imaginarla, avanzando por el corto y feble tablón de un barco pirata, acusada de traición por sus colegas abordo, empujada con una espada hacia un mar lleno de tiburones.

Todo esto se entremezcla con las múltiples acechanzas que la cercan por los casos de violaciones a los derechos humanos durante las protestas violentas. Ella y Alberto Otárola han optado por el “que la fiscalía haga su trabajo” y el “nosotros no hicimos nada; la culpa es de militares y policías”.

Rehúyen con ello a una investigación independiente, seria y pronta de todas las muertes (49 por acción gubernamental y 25 como consecuencia de las protestas).

Yendo al otro lado, es extraña la forma en la que el Congreso quiere cimentar sus posibilidades de llegar al 2026. Cambiando menús por bufets, renovando alfombras, viajando a festejar el Año Nuevo o el cumpleaños del colega con dinero del Estado, sumando a sus seguros de salud dos milloncitos para mejorar su tópico y muchos etcéteras.

Pero el problema mayor es otro. Hoy por hoy la bancada más grande del Congreso es la de los congresistas investigados por delitos y/o denunciados por graves inconductas.

Encabezan la lista quienes están acusados de vender sus votos a cambio de puestos a amigotes y obras para sus pueblos (dicen que convenientemente direccionadas a empresas amigas). Los primeros seis ‘Niños’ de Acción Popular y los 18 siguientes, allanados hace poco, más plurales estos, pero con una nueva y notable contribución del mismo partido, incluyendo a su vocero, autor de la ya célebre frase: “Falso, no escondí la plata bajo el colchón, estaba en el clóset”.

Pero hay que sumar a uno que se fugó al conocer su condena, a tres con juicio abierto por vínculos con Sendero Luminoso, al violador, al topo de ‘El Español’, al que dejó la detención domiciliaria para presidir la Comisión de Presupuesto, al denunciado por maltrato familiar, al investigado por el golpe de Estado, al que agarró a patadas y puñetazos a su esposa y a su hija. La lista es más larga y mi memoria, frágil.

Si les sumamos las decenas de casos en la Comisión de Ética (algunos bastante graves), nos podríamos acercar peligrosamente a la mitad sus miembros.

“Vamos amarraditos los dos / Espumas y terciopelo / Yo con un recrujir de almidón / Y tú, serio y altanero / La gente nos mira / Con envidia por la calle”, dice la canción.

Solo que, en esta nueva versión, no es envidia lo que la gente siente, sino desprecio y rabia trabajosamente contenidas. El 6% de aprobación que tiene el Congreso y el 15% de Dina dan cuenta de que ya han quemado todo su crédito para jugar con fuego y que pueden incinerarse juntos.

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Carlos Basombrío Iglesias es analista político y experto en temas de seguridad