"Lo que la dictadura de Maduro necesita son sanciones mucho más fuertes por parte de muchos más países". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"Lo que la dictadura de Maduro necesita son sanciones mucho más fuertes por parte de muchos más países". (Ilustración: Giovanni Tazza)
Andrés Oppenheimer

Dos nuevos informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela han pasado casi desapercibidos. Pero merecen mucha más atención porque –con una salvedad– son demoledores.

Los informes publicados este mes por la oficina de Bachelet elaboran sobre su investigación del año pasado, que documentó por lo menos 6.856 muertes sospechosas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura venezolana entre enero del 2018 y mayo del 2019.

Esa cifra convierte a Nicolás Maduro en responsable de más homicidios políticos en un lapso de 17 meses que las dictaduras militares derechistas de Sudamérica en los peores momentos de la década de 1970.

Bachelet dice que se registraron 1.324 muertes violentas adicionales llevadas a cabo por las fuerzas paramilitares de Maduro durante “operaciones de seguridad” entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2020.

Además, cita casos documentados de ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas. Entre las atrocidades citadas están la ejecución de 38 jóvenes y al menos 16 casos documentados de tortura.

Dice que los casos documentados de tortura “incluyeron fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales”.

Añade que “las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas o luz eléctrica constante”, y “sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares”. En muchos casos, “los médicos emitieron certificados médicos falsos o inexactos que no revelaban signos de tortura”.

Cita el caso del capitán retirado Rafael Acosta Arévalo, quien murió bajo custodia el 29 de junio del 2019. “La autopsia reveló que había sufrido múltiples golpes. Tenía hematomas, heridas y quemaduras en varias partes del cuerpo, así como 15 costillas rotas”.

Bachelet merece aplausos por sus bien documentados informes de la ONU sobre Venezuela. Yo la entrevisté en varias oportunidades durante su segunda presidencia y en ese entonces era reacia a criticar públicamente a la dictadura venezolana.

Pero Bachelet comete un error al recomendar en su último informe que Estados Unidos y otros países consideren “la revisión, suspensión o el levantamiento de las sanciones sectoriales” contra los altos funcionarios de Venezuela y la industria petrolera estatal. El informe afirma que tales sanciones económicas “obstaculizan los esfuerzos del gobierno” para enfrentar la actual crisis.

No, señora Bachelet, ahí se equivocó en grande. Lo que Venezuela necesita son más sanciones económicas de la comunidad internacional a fin de presionar a Maduro para que permita elecciones libres, y poder empezar a revertir la crisis humanitaria, que es fruto de la crisis política.

Contrariamente a lo que afirma Maduro, la crisis humanitaria de Venezuela no ha sido causada por las sanciones, sino por la desastrosa revolución chavista.

Como dijo la propia oficina de Bachelet en un informe del 2019, “la economía venezolana, particularmente su industria petrolera y sus sistemas de producción de alimentos, ya estaba en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial”.

Además, como señaló un informe de mayo de Human Rights Watch, no hay evidencias de que si se levantaran las sanciones económicas contra las principales figuras del régimen y el monopolio petrolero estatal, se use ese dinero para dar asistencia humanitaria.

Por el contrario, la evidencia muestra que Maduro y sus generales se lo robarían.

En lugar de levantarse, las sanciones económicas contra el Gobierno de Venezuela, no contra su pueblo, deberían expandirse. La alternativa a las sanciones para presionar a Maduro para que permita elecciones libres sería peor: una mayor crisis humanitaria, millones más de refugiados o una invasión militar extranjera.

Lo que la dictadura de Maduro necesita son sanciones mucho más fuertes por parte de muchos más países.

–Glosado y editado–

©El Nuevo Herald. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC