Vigilancia sin "full HD", por Carlos Meléndez

Seguramente en las últimas semanas usted ha leído portadas de diarios, titulares y noticias del tipo: “Violadores y ladrones entre los candidatos”, “Cien candidatos tienen deudas con el Estado”, “Treinta y un candidatos tienen sentencias por violencia familiar”, “Trece candidatos fueron sentenciados por tráfico de drogas”. 

Efectivamente, las autoridades reaccionaron ante datos procesados por la prensa y organizaciones no gubernamentales. El Jurado Nacional de Elecciones garantizó la exclusión de 345 candidatos con sentencia vigente. La policía identificó a 115 postulantes con antecedentes de narcotráfico. La ministra de la Mujer hizo una conferencia de prensa con la lista de ocho candidatos violadores. En consecuencia, una gran preocupación cundió en la opinión pública: nuestra clase política había sido tomada por hordas delincuenciales. ¡Horror!

El problema con estos datos –con repercusión internacional– es que no pasan un análisis elemental y serio. Omiten un dato clave para entender la magnitud de las cifras: la proporcionalidad de los denunciados respecto al total de postulantes a cargos públicos en los comicios de octubre, que suman 105.991. Es decir, se prefirió decir “345 candidatos con sentencia vigente”, en vez de “0,32%”. Se publicó la cifra de “115 asociados al narco” y no se mencionó que representaban el 0,1%. No es lo mismo decir “8 violadores” que 0,007%. Ninguna de las cifras reportadas llega siquiera al 0,5% del total de postulantes. ¿Se puede revolotear el gallinero con estos datos?

Fíjese bien: es incuestionable la importancia de develar características de la clase política; así sea una sola persona asociada a delitos, merece la pena que el electorado esté informado. Mi crítica se centra en el tratamiento mediático de estos datos y su impacto. No es ninguna novedad que un gran sector de nuestra prensa es sensacionalista y que, consistentemente, busca el amarillismo como tono. Pero que organizaciones de la sociedad civil caigan en ese juego es muy grave. ¿Se trata entonces de un sesgo deliberado para desprestigiar militantemente a la política, y de paso figuretear?

La vigilancia ciudadana tiene un propósito ulterior, según entiendo: fortalecer la representación política; promover ciudadanos informados, sin sesgos, que dialoguen con una clase política receptiva y ética. Es decir, busca estrechar la brecha que separa a la sociedad de la política. Empero, la práctica vigilante “sin full HD“, descrita en párrafos anteriores, es contradictoria. Su alta resolución es parcial: enfoca el datito pero difumina la imagen restante del plano. Si bien se guía por cruces de información automatizados, no invierte en reflexión. Al final, justos pagan por pecadores y la desconfianza ciudadana en la política se agudiza. Son contribuyentes inesperados de la antipolítica.

Además, este control ciudadano se reduce a la dimensión personalista de la candidatura (una hoja de vida) y excluye lo más importante: el programa político. Es una lástima que esta “sociedad civil” asimile defectos de la era 2.0: datos sin materia gris. Situación preocupante para la cooperación internacional y sus financistas, especialmente para los propios consumidores (desinformados) de estos medios. Al final, se desacredita exageradamente a la política, en vez de forjar confianza.