"Viviendo del shock", por Juan Paredes Castro

Pareciera que el Perú solo puede funcionar a punta de shocks de correcciones para aliviar shocks de escándalos. 

¡O paralizarse, como también ocurre, en shocks de impotencia a punta de shocks de impunidades!

Así llegamos a un gobierno de transición, el año 2000, después del derrumbe del régimen autocrático de Alberto Fujimori. De un shock a otro shock, para luego volver a la normalidad, que no es otra cosa que la anormalidad institucional política hecha costumbre y tradición, que se vive, estoicamente, sin ningún shock.

Con excepción del milagroso blindaje de la estabilidad económica y de las condiciones que dan soporte a nuestro crecimiento económico, la anormalidad institucional política no les ha merecido ni les merece a nuestros gobernantes y legisladores el menor interés.

Sin embargo, a las puertas de que esta anormalidad institucional política vaya a afectar grave y profundamente nuestra estabilidad jurídica, y de paso nuestra estabilidad económica, recién parecemos despertar a la realidad.

En otras palabras, recién el Congreso entiende, después de cinco años, que debe cubrir las plazas vacantes del Tribunal Constitucional, y recién la Policía Nacional descubre una mafia criminal en el Gobierno Regional de Áncash, que operaba desde hace más de cinco años, mientras el Ministerio Público (léase la fiscalía) aún no sabe qué vela le toca en este nauseabundo entierro de asesinatos y corrupción que se extiende a otros gobiernos regionales, como los de Cajamarca y Tumbes.

En el Gobierno y en el Congreso no parece existir mea culpa para reconocer gruesos errores y consiguientemente tampoco voluntad política para corregirlos.

Es más: a la luz de la falta de autoridad y presencia de Estado en el país, esos mismos poderes dan la impresión de estar enredados en sus propias debilidades e incapacidades.

El Congreso ha tenido que pasar por el escándalo de la repartija para tomar en serio su mea culpa sobre un Tribunal Constitucional que se caía a pedazos. Como igualmente deja mucho que desear el Consejo Nacional de la Magistratura, sin que una sola bancada legislativa tenga el coraje de presentar una iniciativa de reorganización de esta institución encargada de evaluar y nombrar jueces y fiscales superiores y supremos. Solo un Congreso como el que mal nos representa puede permitir el sistema de elección de fiscal de la Nación como actualmente funciona y postergar para cuando mejor convenga la designación de un defensor del Pueblo con interinato de más de cinco años.

Tenemos una Presidencia de la República pagada de su suerte, que toma control económico de la administración regional de Áncash cuando ya no hay nada que rescatar de las arcas saqueadas; que permite, junto con el Jurado Nacional de Elecciones (que no es filtro ni control de nada), que un presidente regional elegido como Gregorio Santos se levante contra la ley y desestabilice las inversiones mineras, sin que le pase nada: Un atentado contra el carácter unitario del país.