A mitad de camino, por Alfredo Torres*

El presidente Martín Vizcarra llegará al 28 de julio habiendo cumplido 16 meses en el poder. Estará prácticamente a la mitad de su mandato efectivo, teniendo en cuenta que dentro de 16 meses convocará elecciones generales y, desde ese momento, su presidencia quedará opacada por la campaña electoral y la transferencia al ganador de los comicios del 2021.

La aprobación presidencial bajó este mes del 50% al 44% y su desaprobación subió del 41 al 45%. Es la tercera vez que se cruzan las líneas de aprobación y desaprobación en su mandato. La primera fue hace un año, y logró recuperarse y trepar hasta el 66% gracias a una actitud firme frente a la corrupción y a su iniciativa del referéndum constitucional. La segunda fue hace un mes, cuando ‘pechó’ al Congreso y planteó la cuestión de confianza por la reforma política. Esta vez, sin embargo, su recuperación ha sido efímera. Ya perdió seis de los ocho puntos que creció el mes anterior.

La situación ahora es más compleja porque su apoyo popular en Lima y en el interior del país ha ido por rutas separadas. En Lima se ha incrementado del 47% al 52%. En cambio, en el interior urbano cayó del 51% al 42% y en el ámbito rural se desplomó del 53% al 33%. Es probable que estas diferencias estén relacionadas con la decisión del gobierno de autorizar la construcción del proyecto minero Tía María. En la capital, la mayoría ve esta como una decisión favorable al desarrollo. En el interior, sobre todo entre la población rural, como una decisión contraria a la agricultura.

La autorización del proyecto era un mandato ineludible ya que la empresa había subsanado todas las observaciones y cumplido con todos los requisitos. Lo que no se entiende es por qué el gobierno dejó en manos de la empresa la comunicación de la decisión. La mayor parte de la población del país no está informada de las características del proyecto y menos de que se construirá una planta desalinizadora para proteger el agua que riega el valle agrícola. Corresponde al gobierno, entonces, informar de las medidas que se tomarán para garantizar que no habrá ningún perjuicio y sí muchos beneficios para el país y en especial para la población de la provincia de Islay.

Como se esperaba, la población que se siente afectada ha organizado marchas de protesta –se calcula que participan en ellas entre mil y tres mil personas– y diversos líderes de izquierda han tratado de capitalizar políticamente este malestar. El más furibundo ha sido el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien en lugar de asumir con responsabilidad el cargo que ejerce, ha lanzado amenazas inaceptables acerca de muertes y una vacancia presidencial.

El gobierno parece creer que, si mantiene la paciencia y evita la violencia, el conflicto social se irá desinflando en las próximas semanas y abriendo un espacio para el diálogo. En cambio, podría sentirse obligado a desatar una crisis política si el Congreso no aprueba la mayoría de las reformas planteadas por el Ejecutivo, como se había comprometido y, en particular la reforma de la inmunidad parlamentaria, que la mayor parte de la ciudadanía percibe como un mecanismo para la impunidad. El presidente podría plantear una nueva cuestión de confianza mucho más específica y disolver el Congreso si la pierde. Aunque la jugada sería de alto riesgo y el país ingresaría en una situación política inédita.

De llegar el Congreso y el Ejecutivo a un entendimiento o allanarse el presidente a lo que resuelva la mayoría parlamentaria, la decisión más importante de la próxima semana será el mensaje de Fiestas Patrias. El gobierno debe saber que su evaluación es negativa en la mayoría de los ámbitos de su gestión. El discurso anticorrupción luce debilitado, sobre todo luego del traspié sufrido en la creación de la Junta Nacional de Justicia. La delincuencia y la violencia contra la mujer son dos campos de creciente preocupación ciudadana que el presidente deberá abordar de manera enérgica. Pero será difícil ser creativo.

Donde Vizcarra tiene el mayor desafío, pero también la mayor oportunidad, es en el campo económico. La desaceleración está en boca de todos. Se expresa en menores ofertas de empleo formal, imposibilidad de aumentos salariales y menores ingresos para los independientes. Para recuperar la confianza en el futuro del país, la población necesita comprender cuáles son los motores del desarrollo nacional y qué está haciendo el gobierno para dinamizarlos. Pero necesita entender también cómo se beneficia el ciudadano común de ese crecimiento, tanto directamente como a través de mayores ingresos fiscales.

El presidente necesita hacer un discurso inspirador. La circunstancia de que este viernes se inauguren los Juegos Panamericanos Lima 2019 brinda, por ejemplo, una estupenda oportunidad para explicar la importancia de esforzarnos para que el país sea económicamente más competitivo, que sepa no solo ganar medallas sino desarrollar al máximo su potencial en toda su diversidad.

*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú. La firma ha realizado estudios para Southern. Las opiniones expresadas en el artículo son estrictamente personales.
​