Ajustemos las expectativas, por Juan José Garrido Koechlin

En las últimas semanas hemos rotulado, en esta columna, la actual situación político-económica como ‘cercana a la parálisis’. La respuesta a esta sombría coyuntura se explica, en mi opinión, en la imposibilidad del presidente Martín Vizcarra de centrarse en las tareas administrativas y de gobierno cuando lo que prima, en sus necesidades, es la lucha por la sobrevivencia política: no tiene sentido preocuparse por temas administrativos cuando la cabeza pende de un hilo. Es lo que la coyuntura demanda y sería ingenuo pretender otra actitud en consecuencia.

Para muchos, esta situación se resolvería si tan solo los líderes políticos pusieran al país y a los intereses ciudadanos por delante de sus ambiciones personales. Una visión ‘aristotélica’ de la política y del uso del poder. Aristóteles, antes de desarrollar su filosofía política, se concentró primero en la ética y en la necesidad de la virtud para implantar justicia y administrar el poder. La política debía, por lo tanto, sostenerse en la ética y subordinarse a ella. Dice en “Ética a Nicómaco”: “El bien supremo es el fin de la política y esta pone el máximo empeño en hacer a los ciudadanos de una cierta cualidad y buenos e inclinados a practicar el bien”. Es el paradigma con el que se guía la mayoría de ciudadanos, y la principal razón por la que se encuentran insatisfechos con la democracia y sus instituciones.

Y es que, aunque ello suene correcto, incluso plausible, lamentablemente constatamos una y otra vez, aquí y en otras partes, que el uso del poder político va mucho más allá del bien común, más aún de la formación de hombres virtuosos y felices. Tuvieron que pasar muchos siglos para que otro entendido planteara la relación existente entre el poder, la política y la naturaleza humana. A diferencia de Aristóteles, Nicolás Maquiavelo consideraba que la política se trata, en simple, de la adquisición y el uso del poder. Es decir, no interesa el bien común, ni la organización o el uso de los recursos públicos, mientras esté bien ejercido el poder. La política se entendería mejor, entonces, en términos de lo que le conviene al gobernante y no a los gobernados.

Pero incluso esta definición, cruda y realista, se queda corta en comparación con lo que constatamos a diario. Y es que, como bien dice Bueno de Mesquita, la mayoría de las veces son justamente las prácticas políticas más nefastas aquellas que mejor reditúan al gobernante; es decir, ya no es solo una cuestión de qué le conviene al gobernante para mantenerse en el poder, sino de que el uso del poder –en tanto dirigido a conseguirlo o preservarlo– la mayoría de las veces clama por un uso abusivo, incluso corrupto, del mismo.

Garantizar la supervivencia política depende del seguimiento de reglas básicas, ninguna de ellas asociada a la felicidad y el buen uso de los recursos, menos aún al bien común. Se trata, en simple, de cómo el gobernante articula su soporte político, cómo mantiene lealtades, y de cómo estructura las cuentas fiscales de tal forma que se pueda mantener en el cargo.

Cuando dejemos de ver la política como un espejismo de parabienes y empecemos a auscultarla bajo el prisma de los incentivos e intereses particulares, tal vez entendamos mejor por qué estamos así y ajustemos nuestras expectativas a lo que en realidad debemos esperar.