Volver a empezar, por Alfredo Torres

En noviembre del 2020 serán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ya hay 23 precandidatos inscritos solo en el Partido Demócrata. En un mes será el primer debate entre los precandidatos y se calcula que habrá otros seis antes de las elecciones primarias, las que se realizarán en los primeros meses del próximo año. En tanto, en el Perú las elecciones presidenciales se llevarán a cabo solo cinco meses después de las norteamericanas, pero hasta el momento nadie sabe de dónde saldrán las posibles candidaturas ni menos imagina debates entre precandidatos del mismo partido.

La incertidumbre en el Perú es comprensible. El Caso Lava Jato ha arrasado a gran parte de líderes políticos de los últimos 20 años. Contamos con un ex presidente ya acusado, uno fugado y otro, lamentablemente, suicidado. Y a los políticos que no están investigados, la opinión pública los mira con enorme recelo. Sin embargo, si nada cambia, recién en enero del 2021 se inscribirán las candidaturas presidenciales, en febrero las parlamentarias y 60 días después, en abril, estaremos eligiendo apresuradamente presidente de la República y congresistas entre miles de desconocidos.

Para reconstruir la política peruana el primer paso es rediseñar su sistema electoral. Solo si la ciudadanía tiene la posibilidad de participar activamente en las elecciones internas de todos los partidos para elegir a sus candidatos presidenciales y parlamentarios se podría rehacer el sistema político nacional. Ese es uno de los aspectos medulares de la reforma política propuesta por la Comisión Tuesta: que haya elecciones primarias simultáneas para todos los partidos, en las cuales todos los ciudadanos puedan elegir, mediante su voto secreto, a los candidatos presidenciales y parlamentarios en un único proceso organizado por la ONPE y con el padrón de Reniec.

De aprobarse esta reforma, las elecciones primarias se realizarían en octubre del 2020, lo cual tendría el beneficio de adelantar el calendario electoral. Los ciudadanos y la prensa empezarían a evaluar en los meses previos a los precandidatos –su trayectoria, sus ideas, su carácter– y tendrían luego amplio margen, desde octubre del 2020 hasta abril del 2021, para conocer en profundidad a los candidatos definitivos y decidir mejor.

Otra consecuencia beneficiosa de esta reforma sería que los 24 partidos inscritos estarían obligados a pasar por estas elecciones primarias, pero solo podrían presentar candidatos a las elecciones generales aquellos que consigan convocar un mínimo de participación ciudadana. La propuesta presentada propone que estas elecciones primarias sean obligatorias y que solo mantengan su inscripción los partidos que obtengan una participación mayor al 1,5% de los electores de la última elección general, es decir, alrededor de 270 mil electores. Si las primarias fuesen voluntarias, habría que bajar la valla, pero el criterio de depurar del padrón a los partidos “membrete”, que carecen de militantes y simpatizantes, se mantendría.

Como era de esperarse, algunos políticos se oponen a esta reforma. Preferirían seguir manteniendo el privilegio de elegir a sus candidatos en “asambleas de delegados”, con padrones cerrados, donde habitualmente hay una “lista única” y no correr el riesgo de perder el poder. No se dan cuenta de que ese es el mejor camino para su extinción. “Dueño de nada”, les cantarán luego sus ex electores. Si realmente quieren refundarse democráticamente, este es el mejor camino.

La reforma política es mucho más que la reforma electoral, pero el punto de partida es el proceso de elección de los candidatos. En ese sentido, también es indispensable ampliar los requisitos para postular, lo que incluye reformar la Constitución de manera que impida presentarse a personas que hayan sido sentenciadas en primera instancia a una pena mayor de cuatro años. Hoy pueden postular, ser elegidos y alcanzar su inmunidad. Atención, que para esta reforma hay poco tiempo: se requiere su aprobación en dos legislaturas ordinarias sucesivas y ambas deben ser antes de abril del 2020.

Hace cien años, en las elecciones de 1919, votaron 200 mil peruanos, el 10% de la población adulta de entonces. No votaban las mujeres, que recién pudieron hacerlo desde 1956, ni los analfabetos –que eran el 67% del país hace un siglo y que recién pudieron hacerlo desde 1977–. Las elecciones fueron tumultuosas, plagadas de votos falsos y culminaron en un golpe de Estado. Hoy el voto es universal y pocos dudan de que los ganadores que proclama el JNE son los que obtuvieron más votos el día de la elección. Hemos progresado. Sin embargo, la democracia es mucho más que una votación un domingo de abril. La tarea ahora es que los candidatos de cada partido sean, a su vez, producto de elecciones transparentes y no caudillos autonominados. Esa reforma es el gran reto que el Congreso tiene por delante.