(Foto: Archivo El Comercio)
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Fernando Cáceres Freyre

Frente al caos político que hemos vivido, no han faltado los que han pedido que se vayan todos y se convoquen elecciones generales (Mendoza, Barnechea, etc). A río revuelto, ganancia de pescadores, que por más socialistas que sean, solo piensan en su propio beneficio.

Felizmente, hay instituciones públicas cuyo grado de autonomía de los poderes políticos les ha permitido seguir trabajando, durante los dos últimos años, para sostener la democracia y el mercado: el Banco Central de Reserva, el Indecopi, el Osiptel, el Osinergmin, etc. Hay que decirlo: que discrepemos con algunas de sus decisiones no debería llevarnos a meterlas en un mismo saco con los protagonistas del ‘juego de tronos’ peruano.

En relación con el Indecopi, cuyo presidente tiene año y medio en el cargo, veo una nueva visión de la gestión de la defensa del consumidor y la competencia, que busca promover consumidores empoderados y responsables, así como la rápida solución de diferencias entre proveedores y consumidores. Esto en lugar de solucionar todos los problemas con procesos sancionatorios.

A través de la campaña Julieta Checa la Etiqueta, el Indecopi está dando herramientas a los consumidores para que puedan entender la información de los productos. El objetivo es realizar diversas activaciones en puntos de venta, en momentos del año en que se incremente el consumo de ciertos productos. Por ejemplo, en diciembre podrían hacerse campañas para que la gente aprenda a identificar que el peso indicado en la etiqueta es del pavo entero congelado y no del pavo escurrido, y así.

También se están promoviendo más espacios de conciliación para que el consumidor pueda encontrar una respuesta rápida a sus reclamos. Un ejemplo emblemático son los convenios del Indecopi con la Asociación Peruana de Seguros y Asociación Automotriz del Perú, a través de los cuales se han implementado sistemas de defensorías del consumidor, que tienen módulos en la misma institución. Se trata de vías alternativas –no excluyentes– para que los consumidores puedan reclamar y, gracias a la intervención de un tribunal reputado, solucionar gratuitamente sus problemas.

El instituto de protección del consumidor también ha promovido el Decreto Legislativo 1308, que otorga incentivos a los proveedores para concluir procesos anticipadamente, si es que se subsana o corrige la conducta antes de que se les notifique el cargo o cuando las partes llegan a un acuerdo antes de la notificación de la resolución final.

Además, la Comisión de Libre Competencia viene ordenando a las empresas sancionadas que implementen programas de cumplimiento. Entre ellos, incluir personas que tengan independencia funcional e incluso puedan reportar directamente al Indecopi, y que estén presentes en reuniones que la empresa tenga con competidores, entre otras labores, para prevenir cárteles.

No todo es un jardín de flores. Aún no se entiende bien cuál es el rol del presidente del Indecopi frente a los fallos que emiten las comisiones y salas. Así como al presidente del Poder Judicial no se le puede objetar por un fallo de un juez que libera a un criminal capturado en flagrancia, el presidente del Indecopi no debe asumir todos los pasivos de fallos controversiales de las salas en los que no tiene injerencia alguna. Pero ni los propios congresistas entienden los límites.

De otro lado, como comenté en mi artículo “El derecho a la canchita” (28/2/2018), hay algunos vocales que integran precisamente estas comisiones y salas que tienen visiones contrapuestas a lo que es un sistema moderno de defensa del consumidor. Este no pasa por llenar la lista de derechos, sino por darles herramientas a los consumidores para ejercer su libertad de consumo, interviniendo cuando esta se pueda ver mellada, por ejemplo, por posiciones de dominio. Unas de cal y otras de arena. Pero el balance es positivo.