(Foto: AFP)
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Ioan Grillo

La semana pasada, frente a la corte en Brooklyn, un grupo de gente hizo cola durante horas solo para ver si el jurado daba su veredicto en el juicio contra . El martes 12 de febrero, el capo fue declarado culpable de todos los cargos, incluidos los de intento de asesinato y lavado de dinero.

Unos días antes, mientras los estadounidenses se enfocaban en el juicio, el Gobierno de daba una conferencia de prensa sobre las personas desaparecidas en el país. Cifras alarmantes. Las dos historias –esta y la de ‘El Chapo’– están relacionadas.

Funcionarios mexicanos declararon en esa conferencia que se han registrado más de 40.000 desaparecidos, muchos de ellos en zonas con predominio del . Hasta el momento, se han descubierto más de 1.100 fosas clandestinas y hay alrededor de 26.000 restos que no han sido identificados. “Esto da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población. “El país se ha convertido en una enorme fosa clandestina”.

En medio de los testimonios sobre la corrupción y las anécdotas sobre el encanto personal de Guzmán, es fácil olvidar que su verdadera importancia radica en su elevada posición en el , una de las fuerzas que sumieron a México en un doloroso conflicto armado.

Las historias que salieron a la luz en estos meses –imágenes como ‘El Chapo’ corriendo desnudo por túneles junto a su amante; el ‘glamour’ de Emma Coronel, su esposa y ex reina de belleza; el brutal asesinato de informantes de la policía; el ingenio para traficar cocaína en latas de jalapeños– hicieron que la cobertura fuera entretenida.

Centrarnos en un individuo puede distraernos de las dimensiones de la crisis en México. El veredicto se suma a un saldo de más de 200.000 homicidios en la última década. Más de cien periodistas han sido asesinados, incluido mi amigo y colega Javier Valdez, cuya muerte fue mencionada por uno de los testigos en el juicio. Hay todo un movimiento de familiares de personas asesinadas o desaparecidas que reclaman justicia.

Ante este panorama, es una buena noticia que Guzmán haya sido declarado culpable y que posiblemente sea sentenciado a cadena perpetua. Pero si consideramos que hasta ahora este ha sido el mayor juicio relacionado a la catastrófica guerra contra las drogas en México, entonces parece ser solo una victoria agridulce en la batalla por la justicia.

Es una pena que ‘El Chapo’ no sea condenado en México, en donde ha sembrado miedo y corrupción. Después de que lograra escapar dos veces de cárceles de máxima seguridad, el Gobierno reconoció que no tenía el poder suficiente para retenerlo y lo extraditaron a EE.UU. Por lo tanto, los cargos en su contra se enfocaban en sus actividades de tráfico de drogas hacia ese país y no en el asesinato de mexicanos.

En el juicio, 14 criminales testificaron en contra de su antigua organización gracias al controversial sistema de testigos cooperantes. Uno de ellos, Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como ‘Chupeta’, confesó haber ordenado alrededor de 150 asesinatos, la mayoría de ellos en Colombia; sin embargo, esperaba que su sentencia se redujera a cambio de testificar. Cuando hay grabaciones en las que el propio Guzmán hace acuerdos relacionados con drogas, vale la pena preguntar si era necesario que los fiscales trabajaran con criminales tan sanguinarios.

Estos testigos hablaron de sobornos a funcionarios mexicanos, desde policías y soldados hasta el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien fue acusado de recibir un pago de 100 millones de dólares. Trágicamente, esta información no fue una gran sorpresa en México, en donde desde hace mucho ha habido sospechas de corrupción en los niveles más altos del gobierno.

Sin embargo, hay pocas esperanzas de que estas acusaciones sean perseguidas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que se necesitaría evidencia más sólida para iniciar una pesquisa contra su antecesor. López Obrador ha dicho que perseguir a ex presidentes sería apostar por la confrontación, mientras que lo que él intenta hacer es unificar.

La fiscalía y el juez no permitieron preguntas sobre las prácticas cuestionables de agentes estadounidenses. No se autorizó que el jurado escuchara sobre el supuesto fiasco del operativo Rápido y Furioso, en el cual funcionarios norteamericanos observaron cómo miles de armas eran introducidas a México. Tampoco escucharon sobre el testigo que había asegurado que su cártel era protegido por el Gobierno de EE.UU. mientras informaba sobre sus rivales.

Alguna vez, un agente de la DEA admitió que la estrategia de derribar capos no detenía el flujo de drogas. Pero, me dijo, sí detuvo a ciertos narcotraficantes que se estaban volviendo demasiado infames y poderosos, lo que los convertía en una amenaza.

Quizá la condena a Guzmán al menos muestre a los aspirantes a narcotraficantes que no pueden llegar a ser tan célebres y escapar de la ley. Pero la búsqueda de justicia y paz no ha terminado para las familias que buscan a sus seres queridos en México ni para las familias de quienes han muerto por sobredosis de drogas en Estados Unidos.

–Glosado y editado–
© The New York Times