Editorial: Mordisco de realidad

El gobierno uruguayo negó ayer al ex presidente Alan García el asilo que había solicitado el 17 de noviembre con el argumento de que estaba siendo víctima de una persecución política. En consecuencia, el líder aprista debió abandonar en horas de la mañana la sede de la embajada de ese país, en la que había permanecido por más de dos semanas, para enfrentar un nuevo escenario jurídico y político en el que su situación luce más apremiada que antes de que hiciera el pedido.

En lo jurídico porque, al haber tratado de asilarse, su voluntad de sustraerse a la acción de la justicia ya no podrá ser considerada una mera especulación y no es inverosímil que, en virtud de ello, se produzca un escalamiento en las medidas de precaución que podría solicitar al respecto la fiscalía.

Y en lo político, porque su tesis sobre una hipotética persecución ha caído por tierra; y no por acción de quienes podrían ser identificados como habituales contendores suyos en la competencia por alcanzar el poder, sino por el pronunciamiento de un país al que desde el propio aprismo se definió en estos días como de “amplia trayectoria democrática”.

En realidad, García empezó a hilvanar su teoría desde antes de llegar a Lima para ampliar su declaración sobre el caso del Metro de Lima a solicitud del Ministerio Público. Como se recuerda, en los días previos a su viaje, había colocado en las redes varios mensajes en los que deslizaba la posibilidad de que se estuviese produciendo un golpe de Estado en el Perú y daba por sentado que “el presidente y su primer ministro” eran quienes habían encarcelado a Keiko Fujimori. Es decir, sugería claramente que el fiscal que había solicitado la prisión preventiva para la ex candidata presidencial de Fuerza Popular y el juez que la había ordenado habían actuado bajo instrucciones de los representantes del Ejecutivo antes mencionados, lo que habría supuesto una intromisión de un poder del Estado en otro, así como en un organismo constitucionalmente autónomo.

En esa misma línea argumental, en la carta “a la opinión pública peruana” que divulgó el 21 de noviembre, cuando ya pesaba sobre él una orden de impedimento de salida, García sostuvo que en el país “se usa abusivamente de los procedimientos penales para humillar a los adversarios políticos” y que una serie de acusaciones, investigaciones y detenciones coincidía “con el calendario electoral y con las acciones del gobierno”. Expresiones en las que, a pesar del uso de la forma gramatical impersonal, la insinuación de que quien está detrás de todo es el Ejecutivo es nítida.

Pues bien, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y su gobierno han respondido explícitamente a ello al señalar ayer que, entre los motivos por los que se negaba el asilo, se cuenta el hecho de que “en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado; y especialmente el Poder Judicial, que está llevando adelante las investigaciones sobre eventuales delitos económicos del ex presidente”.

Igualmente liquidadora de las pretensiones del líder aprista resulta la precisión aportada por el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, en el sentido de que el gobierno al que representa considera que “las investigaciones judiciales” al ex mandatario peruano “no constituyen una persecución política” por tratarse de imputaciones “vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente”.

A decir verdad, lo descabellado de la teoría de conspiración de García fue obvio desde un principio y muchas voces lo hicieron notar en nuestro país. No hacía falta, desde luego, que lo dijeran las referidas autoridades uruguayas. Pero al provenir de una fuente alejada de la controversia política nacional y a la que, como decíamos antes, el Apra mismo le había atribuido especiales credenciales democráticas, la refutación adquiere un valor particular.

La realidad ha mordido al ex jefe de Estado y a todos los que desde otras tribunas secundaron la especie peregrina que quiso hacer pasar por cierta.