(Foto: Juan Ponce)
(Foto: Juan Ponce)
Editorial El Comercio

El anuncio del presidente de que solicitará al una reforma constitucional para ha suscitado, como es lógico, todo un acordeón de conjeturas respecto al impacto que este cambio podría tener en la arena política. Más allá de cómo acabe todo este galimatías, sin embargo, existe desde ya una consecuencia que puede visualizarse de lo propuesto por el mandatario y que tiene que ver con los efectos que conllevará para nuestra economía, al menos en el corto plazo.

A esto último parecen abonar, por ejemplo, la caída registrada ayer del índice general de la Bolsa de Valores de Lima en 2,38% o la circunstancia de que gremios empresariales como la , la Asociación de Exportadores (), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima () hayan afirmado, casi con las mismas palabras, que un adelanto electoral retraerá las inversiones y mermará la creación de empleo.

La opinión mayoritaria parece, pues, indicar claramente que el anuncio presidencial restará fuerza al desempeño económico del país. Y decimos ‘mayoritaria’, porque, curiosamente, en este coro parece no encontrarse el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), .

En efecto, en dos recientes entrevistas y en “”, el ministro Oliva ha sostenido, a contracorriente de otros agentes económicos, que un adelanto de elecciones podría resultar hasta benigno para la economía del país. ¿Cómo? Pues generando un insólito ambiente de concordia entre el Ejecutivo y el Congreso que dé paso a “una agenda audaz de reformas”.

“La propuesta de nuevas elecciones”, ha dicho el titular del MEF, “nos deja un año en el que esperamos trabajar de la mano con el Congreso para acelerar todas las reformas necesarias. Esto permitirá que nuestro país pueda reencontrarse con esas tasas de crecimiento altas y sostenidas”.

Como sabe cualquier ciudadano mínimamente informado, empero, la colaboración entre el Gobierno y el Congreso no ha sido precisamente una característica del actual período gubernamental. Y la probabilidad de que un adelanto del cronograma electoral vaya a cambiar abruptamente esa relación no parece tan verosímil. Pero ni siquiera hace falta recordarle esto al ministro, quien en otra parte de la ronda de entrevistas, reconoce: “Fueron tres años de confrontación entre poderes, íbamos a seguir en esa línea los dos años que vienen”. Preguntado entonces por la aparente contradicción que sugieren sus dos respuestas (pues es obvio que donde hubo una relación conflictiva no puede florecer instantáneamente una colaborativa), el titular del MEF termina por retrucar: “Confío en que con el liderazgo de Pedro Olaechea vamos a poder armar una agenda común”.

En buena cuenta, pues, el ministro Oliva ha reconocido implícitamente que sus expectativas económicas se sostienen en sus buenos deseos –en lo que él ‘confía’– antes que en la realidad. El problema con esto es que, independientemente de si se concreta o no el adelanto electoral, el panorama político en el corto plazo luce bastante más turbulento de lo que ha estado hasta hoy. Por lo que antes que un ministro refulgente de entusiasmo lo que necesitamos en estos momentos es uno que se muestre consciente de los tiempos agitados que se vienen y que transmita la idea de estar preparándose para los maretazos.

Sería mejor, más bien, que el ministro Oliva explique cómo harán las otras carteras para concretar lo prometido por el presidente en su mensaje a la nación si se piensa reducir a la mitad el tiempo de gobierno restante, cómo se garantizará que los desembolsos a los gobiernos regionales anunciados el 28 de julio no terminen siendo mal utilizados o cómo incentivarán los grandes proyectos de inversión cuando, por ejemplo, en el punto más álgido del conflicto por la mina el Gobierno anuncia una revisión de la ley de minería.

El optimismo nunca está de más, salvo, por supuesto, cuando parece ignorar la realidad.