César Álvarez
César Álvarez
Editorial El Comercio

Antes de ayer el ex gobernador regional de Áncash César Álvarez fue sentenciado a 8 años y tres meses de prisión y al pago del 80% de una reparación civil establecida en S/10 millones (el 20% restante deberá ser cubierto por otros siete imputados) por colusión agravada. Un delito relacionado en este caso con pagos irregulares por más de S/235 millones en el contexto de la ejecución de la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, trabajo realizado durante su primer período frente al gobierno regional.

Se trata de la primera condena en el Caso Odebrecht, pues el consorcio al que le fue otorgada de manera indebida la buena pro de la obra estaba formado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. Y ese detalle, aun cuando la sentencia será muy probablemente objeto de una apelación y no esté vinculada a la más seria de las acusaciones que pesan sobre Álvarez –los casos del asesinato de Ezequiel Nolasco y el denominado ‘La Centralita’, todavía en proceso, podrían terminar llevándolo a prisión por mucho más tiempo–, hace de esta circunstancia un hito.

Lo dictaminado hace dos días por la magistrada Nayko Coronado Salazar, titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal Permanente de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios, constituye, en efecto, una primera seña de la seriedad y el escrúpulo con el que esta vez nuestro sistema de justicia ha decidido enfrentar la corrupción asociada al poder político. Y, en esa medida, permite alentar esperanzas sobre la adecuada resolución de todos los demás procesos, relacionados también con Odebrecht y otras constructoras brasileñas, en los que están involucradas figuras políticas de calibre mayor al de Álvarez.

Como se sabe, a lo largo de nuestra historia republicana, la sanción no ha sido precisamente el corolario más frecuente para la comisión de ese tipo de delitos.

Cabe destacar, además, que el caso ha dado oportunidad para que se compruebe la utilidad de las colaboraciones eficaces, un recurso satanizado últimamente a partir del mañoso expediente de resaltar solo las concesiones que obtienen quienes se acogen a ella y ocultar los beneficios que sus testimonios reportan para el enjuiciamiento y eventual condena de los auténticos ‘peces gordos’ de la corrupción.

Saludar lo que esta marca representa, sin embargo, no debe impedirnos notar los problemas que ha supuesto llegar a ella. En particular, el tiempo que ha mediado entre el inicio del proceso (2014), la presentación formal de la acusación original (agosto del 2017) y la condena ahora dictada (11 de junio del 2019). Casi cinco años que hablan de la lentitud con la que trabajan y han trabajado secularmente tanto la fiscalía como el Poder Judicial en nuestro país. Y que hacen temer una dilación semejante para el arribo a acusaciones y sentencias en lo concerniente a los delitos presuntamente cometidos por tantos otros líderes políticos y funcionarios que hoy concitan la atención y provocan la repulsa de la ciudadanía.

¿Cuánto pasará, por ejemplo, antes de que se conozcan resultados en los casos de otros ex gobernadores regionales como el hoy prófugo Félix Moreno (Callao) o Jorge Acurio (Cusco)? ¿Hasta cuándo habrá que esperar para conocer el veredicto de la justicia a propósito de las presuntas fechorías que se imputan a los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala? ¿Nos tendremos que armar de una paciencia infinita frente a los pliegues y recodos por los que habrán de pasar todavía las investigaciones de asuntos tan trascendentes para el futuro de nuestro desarrollo político como los que involucran a Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y la pléyade de personajes que rodearon a Alan García en las materias por las que él mismo iba a ser procesado antes de cometer suicidio?

Ciertamente esperamos que no. Y que los buenos augurios que trae el sentido de esta primera condena sean más bien seguidos por otros que indiquen una compresión de los calendarios.