Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: Renzo Salazar / GEC)
Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: Renzo Salazar / GEC)
Editorial El Comercio

Ayer, la fiscal de la Nación, , presentó ante el una denuncia constitucional en contra de su predecesor en el cargo, , por tres delitos –encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objetivos– en el marco de la violación de las oficinas lacradas del Ministerio Público por parte del personal cercano a este último el 5 de enero pasado.

Como se sabe, existe un rosario de indicios que se han ido conociendo desde entonces y que comprometen la situación del aún fiscal supremo (que, por ser tal, dispone de la prerrogativa de ser acusado constitucionalmente por el Parlamento antes de ser procesado). Para comenzar, allí están las grabaciones de las cámaras internas de video días después de la irrupción en los referidos ambientes y en las que se ve a Chávarry reunirse con los miembros de su seguridad personal y con su entonces asesora Rosa Venegas, minutos después de que estos hubieran ingresado a los espacios lacrados para sustraer varias cajas con documentos.

Semanas después de esto, además, la señora Venegas reveló ante la fiscalía que fue el propio Chávarry quien le ordenó que violara los espacios lacrados con el precinto de seguridad y que la desesperación de su entonces jefe por ingresar a las oficinas era tal que habría contemplado la posibilidad de hacerlo hasta por la ventana.

El tema, como se recuerda, ya fue revisado a inicios de abril por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo, que decidió, increíblemente, archivarlo con votos favorables de Fuerza Popular y el Apra, y gracias a las ausencias de legisladores de otras bancadas.

Es saludable, en ese sentido, que la fiscalía haya corregido lo que a todas luces constituyó un blindaje –de los varios que ha prodigado esta representación nacional a Pedro Chávarry– y que les haya dado ahora a los congresistas la oportunidad de ‘revisitar’ su caso para demostrarle al país a quién quieren realmente defender.