Editorial: Voto en (cuello) blanco

Hoy, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público elegirá al nuevo fiscal de la Nación.

Cierto es que la votación de esta mañana debería ser solo un trámite en la medida en que se espera que la fiscal suprema Zoraida Ávalos sea ratificada en el cargo que ocupa de manera interina desde el pasado 8 de enero. Y que, en ese sentido, no cabe esperar mayores sorpresas. Sin embargo, la predictibilidad del resultado no debe quitarle el peso a otra cuestión igual de sustancial: esto es, la presencia de un personaje tan controvertido como Pedro Chávarry entre los sufragistas.

A estas alturas, la continuidad de Chávarry en el nivel más alto de la fiscalía –a pesar del extenso bloque de irregularidades en su contra– solo puede explicarse por el blindaje que cierto grupo político viene operando a su favor para adormecer las denuncias constitucionales que tiene en boga. Nunca está de más recordar, asimismo, que fue esa misma parsimonia la que impidió que en su momento el Congreso pudiera defenestrarlo como fiscal de la Nación cuando ya era claro que su presencia en el cargo era tóxica hasta para la propia institución que presidía, y que Chávarry solo optó por dimitir cuando sus añagazas para atornillarse en el puesto se hicieron evidentes e insoportables para la ciudadanía.

Que el señor Chávarry todavía luzca el estandarte de fiscal supremo, y que, por ello mismo, esté facultado para participar en la votación de hoy, es algo que no puede enorgullecer a nadie. Al menos no a nadie que piense que sus acciones lo han descalificado para tan encumbrado cargo.

Hablamos, en efecto, de alguien que le mintió desvergonzadamente al país sobre sus vínculos con el hoy fugado ex juez César Hinostroza y con el empresario, hoy aspirante a colaborador eficaz, Antonio Camayo, y que, abrumado por el descubrimiento de sus mentiras sobre una reunión con periodistas que el primero organizó en casa del segundo tuvo el cinismo de admitir que lo hizo para cautelar “el prestigio de la institución”.

Hablamos, también, del mismo Chávarry que, junto con otros dos fiscales supremos –Tomás Gálvez Villegas y Raúl Rodríguez Monteza– aparece en un informe de la fiscal Sandra Castro como uno de los presuntos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto, una supuesta organización criminal cuyo poder habría residido, precisamente, en contar con operadores en puestos clave del sistema de justicia.

El mismo Chávarry que, nunca está de más recordar, resolvió, a pocas horas del Año Nuevo, apartar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba del equipo especial para el Caso Lava Jato (en un acto que evocó las peores prácticas de una de sus predecesoras en la década de los 90), y amenazó con hacer público el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, en lo que constituía a todas luces un intento por frustrar la cooperación de la constructora brasileña.

Y es el mismo Chávarry al que ahora su ex asesora Rosa Venegas ha señalado ante la fiscalía como quien le ordenó que violase una oficina lacrada –y con ello también la ley– para sustraer documentación que podría terminar comprometiéndolo (de lo contrario no se entiende el porqué de la determinación de Chávarry por ingresar al lugar que, según el relato de Venegas, lo llevó a sopesar la opción de meterse hasta por la ventana).

Con todo ello, y en vista de que el Congreso no ha mostrado interés alguno en quitarle la condición de fiscal supremo que aún ostenta, solo quedaría esperar que el propio Chávarry –y, por extensión también los otros fiscales señalados como miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto– reflexionen sobre la pertinencia de participar en la elección de hoy. Aunque, en honor a la verdad, si ni siquiera cuando tocó votar por la ratificación de Chávarry como fiscal de la Nación, este tuvo el decoro de abstenerse (y, más bien, terminó votando por sí mismo), es poco probable que ahora sea diferente.