(Foto: Grupo El Comercio)
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Editorial El Comercio

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“Garantizaremos la estabilidad económica y el equilibrio fiscal. Tenemos presente y hemos aprendido las lecciones de dejar de lado este requisito previo, esta condición fundamental, para el crecimiento económico, bienestar y mejor distribución”, mencionó el presidente Francisco Sagasti durante su discurso de investidura ante el Congreso de la República.

En vista del recinto en el que fueron pronunciadas, las palabras del mandatario podrían bien ser el anticipo de uno de los mayores espacios de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo en los siguientes meses. La coyuntura política de las últimas semanas puso pausa al debate de las iniciativas del Congreso, pero con el restablecimiento de la agenda legislativa regular empieza también el trabajo de contención de algunos proyectos de ley descaminados a los que el actual Congreso se ha habituado.

Buena parte de estos corresponden a propuestas que vulneran o ponen en riesgo la estabilidad fiscal del país. Una de las más graves es, sin duda, el proyecto de ley para que se devuelvan los aportes a la ONP. Como se recuerda, a inicios de noviembre la Comisión de Presupuesto aprobó el predictamen de insistencia para el pago de hasta S/4.300 a los aportantes. El proyecto fue aprobado también por otras comisiones, y ha quedado listo para ser discutido en el pleno a pesar de carecer de un mínimo sustento técnico y haber sido observado por el Ejecutivo.

En la misma línea, la Comisión de Educación aprobó la semana pasada un dictamen que incrementa la CTS de los docentes de 14% a 100% de su remuneración. De acuerdo con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, su despacho ha empezado a hacer el análisis correspondiente. “Preliminarmente, es económicamente inviable. Son como cinco veces más que el presupuesto que podamos tener”, mencionó Cuenca. Y, apenas esta semana, el pleno del Congreso derogó el Decreto de Urgencia 014-2020, que regulaba la negociación colectiva en el sector público. Su finalidad era hacer más previsible y técnico el gasto en remuneraciones estatales.

Si el Congreso no parece dispuesto a respetar los principios básicos de estabilidad fiscal –más aún en un año de crisis económica histórica y un déficit de más del 10% del PBI–, le tocará al Ejecutivo llamar seriamente a la responsabilidad. En su próxima presentación frente al Legislativo, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, haría bien en solicitar el voto de confianza sobre la base de un compromiso del Congreso de trabajar en conjunto para mantener las cuentas fiscales bajo control. Eso implicaría, de parte de los congresistas, desistir o moderar algunas de las iniciativas más polémicas y costosas que desean impulsar. Aunque nada compromete de forma vinculante el voto futuro de los parlamentarios en estos proyectos, en caso se dé la confianza al Gabinete Bermúdez en estas circunstancias el Ejecutivo habría ganado un espacio político importante para proteger la sostenibilidad económica del país.

En su calidad de presidente del Consejo Fiscal, el actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, destacó en más de una ocasión los riesgos de empujar demasiado la fortaleza macroeconómica ganada con décadas de esfuerzo. Ya en el MEF, esa batalla la deberá dar, ahora en primera fila, contra un Congreso renuente a aceptar que la iniciativa de gasto corresponde solo al Ejecutivo y que el presupuesto público es escaso. El momento político está a su favor.