Editorial: Caso de estudio

Ayer, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso declaró improcedente (por cinco votos contra cuatro) el pedido del Poder Judicial para procesar a la legisladora de Fuerza Popular (FP) Betty Ananculi por presuntamente haber consignado información falsa en su hoja de vida. La decisión contó con el respaldo de los cinco integrantes de FP en el grupo de trabajo, y la abstención del representante de Acción Popular, Edmundo del Águila.

Como se recuerda, las dudas sobre los estudios superiores de la legisladora Ananculi no son pocas.

En el 2016, cuando postuló al escaño que hoy ocupa, la congresista colocó en su hoja de vida que había cursado estudios técnicos en el instituto Alas Peruanas de Ica, entre los años 2011 y 2013 (curiosamente, en el 2014, cuando tentó a una regiduría provincial, presentó el mismo documento en el que, por el contrario, sostenía que ‘no contaba con educación técnica’). Sin embargo, el Ministerio Público ha recolectado varias pruebas que contradicen la versión de la parlamentaria.

Entre estas, por ejemplo, la circunstancia de que al menos 22 de sus supuestos profesores han negado ante las autoridades haberle dictado clases a ella o a sus ‘compañeros’ de curso. De hecho, los docentes han denunciado que sus firmas –que aparecen en las actas consolidadas de evaluación de la congresista– han sido falsificadas de manera burda. Inclusive, uno de los supuestos profesores ha demostrado ante la fiscalía que en los años en los que, en teoría, enseñó a la legisladora (2011-2013), ya había dejado de laborar en la institución.

Pero las irregularidades no se detienen aquí. La identidad de sus presuntos compañeros de carpeta es también difusa. Según la fiscalía, cinco de ellos han resultado siendo parientes entre sí y, al mismo tiempo, familiares de quien administraba el instituto por aquellos años, el señor Fabrizio Gallegos. En el colmo del absurdo, se ha detectado que uno de los compañeros de la congresista Ananculi, Jason Caballero Euribe, tenía apenas 14 años cuando supuestamente compartía clases con esta. Es decir, llevaba estudios superiores cuando por su edad debía estar cursando el cuarto de secundaria.

Visto lo anterior, entonces, la conducta de la mayoría parlamentaria en este trance resulta desconcertante, pues a la naturaleza clamorosamente sospechosa –por decir lo menos– de los hechos que pretende dejar sin investigar, hay que añadir el inevitable deterioro de imagen que esa decisión le acarreará en su futuro inmediato.

Es cierto que tal imagen estaba ya desde hace tiempo devaluada ante la ciudadanía, pero, como esta representación nacional nos ha hecho comprender, siempre existe un margen para que lo que esté mal empeore. Sobre todo si consideramos que estamos hablando de la comisión que dilató al máximo el trámite de la inmunidad de arresto del hoy prófugo Edwin Donayre.

¿Qué llevó a los parlamentarios de FP a votar como votaron y al legislador Del Águila a hacerlo en abstención? El caso es sin duda de estudio, por lo que conviene analizar los argumentos que se esgrimen para justificar el blindaje.

FP, por un lado, ha alegado una presunta motivación política detrás del proceso, amparándose en que la denunciante –Nélida Tasayco– está relacionada con la accesitaria que ingresaría al hemiciclo en caso desaforasen a la legisladora Ananculi. El congresista Del Águila, por su parte, además de suscribir la tesis del móvil político, ha agregado que “el tema de adulterar las actas de una institución […] es sumamente complicado”.

Sobre lo primero, es llamativo que las críticas a la denuncia se enfoquen en desacreditar a la persona que la realizó y, por el contrario, eludan los cuestionamientos de fondo –que, como hemos visto, abundan–. Sobre lo segundo, vale decir que, precisamente por la complejidad del asunto, es que se requiere una investigación profunda al respecto.

En realidad, lo único que ha quedado claro ayer es que habrá que buscar las razones de los congresistas que protegieron con su voto a la señora Ananculi en otro lado.
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