Editorial: Marcha atrás

Dos marchas contra el Congreso en menos de una semana no son poca cosa. Es cierto que han sido eventos más aparatosos que multitudinarios, pero de cualquier forma, lo ocurrido en el Centro de Lima el jueves 31 de mayo y el martes 5 de este mes no puede ni debe pasar desapercibido.

Para empezar, porque el saldo –15 personas detenidas, un auto policial incendiado y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y algunos piquetes violentos dentro de los manifestantes– es alarmante. Pero también porque las movilizaciones en cuestión entrañan un mensaje antidemocrático que parece estar ganando adhesiones más viscerales que reflexivas y que hace falta denunciar.

Si se recogen las consignas coreadas en distintos momentos por quienes participaron en cada una de las dos marchas, resulta evidente que la motivación tras ellas no era unánime: unos lanzaban diatribas contra la prensa; otros, contra el ‘gasolinazo’; y muchos, contra recientes gastos del Legislativo que han sido vistos como superfluos.

En medio de todo ello, sin embargo, se distinguió en ambas oportunidades voces y pancartas que reclamaban monda y lirondamente ‘cerrar’ el Congreso. Y en algunos casos, convocar una Asamblea Constituyente que lo reemplace y elabore una nueva carta fundamental.

Por supuesto que no pretendemos sugerir aquí que lo antidemocrático es protestar. Todo lo contrario: manifestarse en las calles, mientras sea de un modo pacífico, es una de las formas más legítimas que diversos sectores de la ciudadanía tienen de hacerse escuchar cuando sus autoridades les dan la espalda. Hacerlo con violencia, en cambio, dañando bienes y personas y atropellando derechos (como el de la libre circulación) es sencillamente un delito.

Pero si además lo que se busca promover es la liquidación por la vía del tumulto de lo que se estableció por la vía del voto y el escrutinio de la opinión, todos los ciudadanos estamos ante un atentado mayor contra la democracia que, para confundir, invoca su nombre.

El Parlamento, qué duda cabe, ha acumulado de un tiempo a esta parte deméritos que todos conocemos y explican la irritación que las manifestaciones a las que nos referimos han reflejado. Alentar, no obstante, que se lo borre de un plumazo para establecer un orden distinto por antojo o interés político no solamente ignora lo que dispone al respecto nuestra Constitución (a saber, que toda reforma del texto que la consagra debe ser formulado y aprobado por el Congreso en funciones), sino que constituye un intento de deponer la voluntad de las mayorías recogida en las ánforas para imponer la de un grupo organizado y ruidoso, pero largamente minoritario.

Llaman la atención, en ese sentido, los pronunciamientos en esa misma dirección que hemos venido escuchando desde que se produjo la crisis que derivó en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de parte del Frente Amplio y otros sectores de la izquierda; así como, ahora último, de parte del legislador y vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta. En una reciente entrevista televisiva, en efecto, él se ha declarado a favor de convocar una Asamblea Constituyente “para entrar a reformas políticas”: una demanda que, felizmente, no ha encontrado eco ni en su propio grupo parlamentario.

Se diría, más bien, que esa y otras demandas por el estilo procuran montarse sobre un clamor que de pronto resuena en la calle, para contagiarse de su popularidad sin medir las consecuencias.

La circunstancia de no estar contento con los resultados de un proceso electoral no faculta a nadie a patear el tablero para cambiarlos. Existe una vía institucional y pacífica de hacerlo, que requiere paciencia y trabajo. La democracia, después de todo, sigue siendo, como recordó alguna vez Winston Churchill, “la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando”.