(Foto: Congreso).
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Editorial El Comercio

El planteamiento del presidente de someter algunos aspectos de la reforma del sistema de justicia así como otros relacionados con la reforma política a referéndum ha sido considerado un gesto acertado por diversos sectores de la opinión pública, pues la oportunidad escogida para lanzar la iniciativa –el mensaje de Fiestas Patrias– y las materias elegidas le permitieron al mandatario ganar un liderazgo que la ciudadanía venía reclamándole desde que asumió el poder.

Con el correr de los días, sin embargo, la evaluación del impacto general de la propuesta ha cedido espacio al análisis de cada una de las medidas a ser consultadas; y en ese nuevo contexto, la inconveniencia de algunas de ellas se ha hecho evidente. El caso más clamoroso, quizás, sea el de la no de .

El 28 de julio, el jefe del Estado presentó la potencial pregunta como derivada de un problema de inequidad: si la ley les prohíbe actualmente la reelección a los alcaldes, a los gobernadores regionales y al presidente de la República, ¿deben estar exceptuados de ese impedimento los parlamentarios?

El razonamiento, no obstante, no parece muy riguroso. Primero, porque antes de extender la prohibición a un nuevo tipo de autoridades elegidas habría que preguntarse si esta ha sido positiva en todos los casos en los que ya fue puesta en vigor (y, como se sabe, en lo que concierne a su aplicación a alcaldes y gobernadores regionales, hay opiniones encontradas). Y segundo, porque, a diferencia de lo que les ocurre a quienes ostentan los otros cargos de representación popular, los congresistas no tienen iniciativa de gasto y, en esa medida, no pueden utilizar recursos públicos para favorecer su reelección, principal motivo para prohibirla en todos los casos antes mencionados.

Sucede, sin embargo, que la suma de gollerías, iniquidades, inoperancias y falsedades que hemos visto asociadas en los últimos tiempos a muchos de los que conforman la representación nacional ha contagiado de impopularidad a todos ellos y, en consecuencia, ha convertido en atractiva la idea de privarlos, sin distinción, de la posibilidad de perpetuarse en su curul. De hecho, de acuerdo con una encuesta de Datum de mayo de este año, un 76% de los peruanos rechaza la reelección parlamentaria. Y acaso esa haya sido una de las principales razones del Gobierno para incluir la referida pregunta en el referéndum y para plantearla en los términos que conocemos.

Pero el problema con eso es que lo popular no siempre coincide con lo sensato. ¿Resultaría sensato, en efecto, prescindir de la experiencia de quienes han desarrollado ya por lo menos una vez la labor legislativa y, presumiblemente, han sido colocados de nuevo en el Congreso por votantes mínimamente satisfechos por su desempeño previo? Peor aun, en la eventualidad de que prosperase la iniciativa del retorno a la bicameralidad que el presidente ha propuesto incluir también en referéndum, ¿sería razonable que a una nueva camada de diputados en la Cámara Baja los complementase una asamblea de senadores igualmente novicios en la Cámara Alta?

En democracias bastante más institucionalizadas que la nuestra, como la estadounidense o la francesa, la reelección como premio a una gestión bien realizada es considerada un instrumento valioso en manos de los votantes y una garantía de continuidad de lo que se juzga positivo, en lugar de un ardid para medrar del poder a costa de los contribuyentes.

Conviene considerar, además, la dimensión del asunto que se pretende enfrentar con la medida planteada, antes de asignarle una prioridad potencialmente desproporcionada. La verdad es que el porcentaje de parlamentarios reelectos ha venido disminuyendo sensiblemente en los últimos cuatro comicios; y en los del 2016, no llegó ni al 27% (solo 35 de los actuales 130 legisladores son repitentes). Y si se cruza ese dato con el de las inconductas que le han ganado al Legislativo la ojeriza ciudadana, se descubre, por ejemplo, que de las 113 denuncias presentadas ante la Comisión de Ética del actual Parlamento, 105 tienen que ver con congresistas debutantes.

Postular la no reelección parlamentaria solo como una forma de –la expresión es del primer ministro César Villanueva– “sacudir el avispero” es, pues, demasiado riesgoso: nunca se sabe quién puede acabar picoteado y no suele haber miel que obtener en el esfuerzo.