El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (Foto: GEC)
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (Foto: GEC)
Editorial El Comercio

Atribuir la responsabilidad por las falencias propias a factores externos, ajenos al control de uno, es una práctica tan antigua como usual. A nivel personal, la psicología ha documentado ampliamente esta actitud de defensa. A nivel de políticas públicas, su uso entre quienes deben rendir cuentas por los pobres resultados de su gestión es quizá aún más intensivo.

En este juego de deflexión parece haber caído también el actual gobierno. Desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la principal causa que explicaría la reducción en la tasa de crecimiento proyectada del 2019 no está tanto en los problemas internos que enfrentamos, sino en el deterioro del entorno internacional. Así lo insinuó el presidente Martín Vizcarra en su último mensaje por Fiestas Patrias, y desde el MEF la narrativa ha sido similar.

A saber, esta lectura guarda algo de veracidad. Las proyecciones de crecimiento del producto global han caído casi medio punto porcentual para este año, y en América Latina las correcciones a la baja han sido incluso más dramáticas. El Perú es un país integrado al mundo, y las fluctuaciones de los precios de los commodities que el país exporta y del tipo de cambio son reflejo de un contexto internacional más adverso del que se enfrentaba en enero.

Es conocido, sin embargo, que la mejor manera de disfrazar una explicación poco precisa es revistiéndola de verosimilitud. Es cierto que la guerra comercial entre China y EE.UU. ha salpicado las perspectivas globales y que otros países crecerán menos que el Perú, pero también es cierto que las pobres tasas de expansión nacionales merecen una explicación más autocrítica.

De acuerdo con la Unidad de Análisis Económico de El Comercio, la economía del Perú crecería 2,4% durante el 2019, la tasa más baja de los últimos cinco años. Con ello, el país volvería a crecer menos que el resto del mundo. La inestabilidad política interna ha determinado en buena cuenta que la confianza empresarial lleve ya cinco meses de deterioro continuo y se ubique hoy en su peor nivel desde octubre del 2015. De los cinco sectores económicos sondeados por el BCR, cuatro ven con pesimismo la situación económica a tres meses.

Ello condiciona cualquier crecimiento de la inversión privada –motor principal de la economía–, que este año apenas se expandiría. En consecuencia, las cifras de creación de empleo formal y de consumo también se revisan a la baja. Queda por ver qué impacto tendrá esta trayectoria en la tasa de pobreza nacional, pero no es muy difícil anticiparlo.

No existe, en realidad, mucho campo para justificar un crecimiento local tan magro en un contexto internacional que, lejos del ideal, tampoco es cercano al que se vivió en la crisis financiera del 2008-2009. Tampoco es excusa que sea esta una nueva administración: la gestión del presidente Vizcarra lleva ya un año y medio y, estrictamente hablando, el período presidencial por el que fue elegido tiene las riendas del Ejecutivo desde julio del 2016.

Los principales factores que explican el deterioro local son obvios para quien sea que quiera verlos: ausencia de reformas económicas o institucionales significativas en los últimos años, falta de impulso a grandes proyectos de inversión pública y privada, y clima político friccionado e incierto. Desde una ejecución de la inversión pública que, bien entrado setiembre, no llega al 40% de su presupuesto hasta paralizaciones de enormes proyectos mineros, nada de esto se le puede atribuir a la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump.

Lo que está en juego no es menor. La demanda de autocrítica respecto de la ralentización económica no es únicamente un estéril ejercicio político de rendición de cuentas. Es, sobre todo, un primer paso para empezar a corregir los errores antes que sea demasiado tarde.