Editorial: Mantener la esencia

Ayer, tras casi dos días de tenso debate, el Congreso de la República acordó otorgar (con 77 votos a favor y 44 en contra) la confianza que solicitó el Gabinete liderado por Salvador del Solar. De esta manera, la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo ha dado un vuelco positivo y pasa a una nueva etapa cuyo desenlace solo dependerá de la voluntad que tengan ambos poderes del Estado para trabajar juntos hacia un consenso sobre las reformas planteadas. Este proceso, empero, deja unas cuantas reflexiones.

Para empezar, en los días previos al voto de ayer, mucho se habló sobre la legalidad de los temas y de las condiciones con las que el gobierno planteó la moción de confianza. Como se sabe, se suscitó un amplio debate, primero sobre si el presidente podía utilizar esta herramienta para reformar la Carta Magna, o si únicamente servía para proyectos con rango de ley; y segundo, sobre si el gobierno podía plantear un plazo para que se aprobasen los proyectos de reforma y delimitar el campo en el que el Legislativo podría alterar las iniciativas sin que ello entrañe la ‘desnaturalización’ de las mismas.

Así, si algo se ha podido concluir de este impasse, es que nuestra arquitectura jurídica carece de claridad respecto del uso y aplicación de esta figura, circunstancia que podría dar pie a arbitrariedades de una u otra parte. En ese sentido, convendría zanjar las preguntas fundamentales que la ciudadanía se ha venido planteando. Por ejemplo, ¿sobre qué temas puntuales puede plantear la confianza el Ejecutivo? ¿Puede proponer interpretaciones sobre si se le ha dado la confianza o no? ¿Dichas interpretaciones podrían traer implícito un intento por limitar el ejercicio de las funciones de ente legislativo y constituyente del Congreso?

Sin duda, las respuestas a estas interrogantes serán sumamente importantes para la estabilidad política en caso tengamos que volver a enfrentar un trance de estas características.

Sin embargo, en paralelo a las reflexiones relativas a los alcances de nuestra Constitución, cabe resaltar las que tienen que darse en los poderes del Estado con respecto a su conducta en los últimos días.

En lo que se refiere al Congreso de la República –y específicamente a la mayoría que lo conduce–, este debe evaluar ser más permeable a las propuestas del gobierno. Un buen inicio sería permitir que, por lo menos, las iniciativas sean discutidas en el pleno y no archivadas de plano por las comisiones, como ocurrió con el proyecto que buscaba regular la inmunidad parlamentaria en la Comisión de Constitución.

A ello deberá sumarse una reflexión relativa a su rol en la lucha contra la corrupción. Por el momento, hechos como el mentado blindaje al fiscal Pedro Chávarry y la indulgencia para con sus integrantes reclamados por la justicia –como el caso de Edwin Donayre y Moisés Mamani–, solo han mostrado a este poder del Estado como una institución indiferente a los intentos por remediar este problema.

Por su parte, el gobierno deberá mostrar un poco más de disposición (y humildad) para ampliar los márgenes de acción que le reconoce al Parlamento. Ello, claro, no tendría por qué significar que el Ejecutivo no pueda luchar por mantener la ‘esencia’ de sus iniciativas, pero lo ideal sería que lo haga a través del debate y sin conminar al Legislativo.

Frente a todo lo dicho, es claro que la discusión acaba de empezar. El puerto al que ella nos lleve dependerá del gobierno y de los congresistas, y de cuánto se preocupen por el país y por mantener la esencia democrática de las instituciones que representan.