Editorial: El otro ‘No’

Nuevo Perú (NP) y el Frente Amplio (FA), las dos organizaciones políticas declaradamente de izquierda con bancada en el Parlamento, han anunciado en estos días que negarán la confianza al gobierno cuando les toque votar al respecto en el pleno. A través de sendos pronunciamientos, los dos colectivos han sostenido a grandes rasgos lo mismo. A saber, que actuarán así para precipitar el “cierre” del Congreso –término que por alguna razón prefieren a ‘disolución’, que es el que usa el texto constitucional– y eventualmente impulsar con ello la convocatoria a nuevas elecciones y a un proceso constituyente. Solo así –argumentan–, se logrará el “nuevo pacto social” necesario para acabar con “el blindaje y la impunidad” (FA) y se frenará la supuesta insistencia del presidente Martín Vizcarra “en profundizar el modelo neoliberal” (NP).

No se trata por cierto de un planteamiento nuevo. Desde los tiempos en que todavía estaban juntas, esas dos organizaciones le hacían saber a quien quisiera escucharlas que ese era su plan máximo. Y Verónika Mendoza, recordémoslo, postuló a la presidencia en el 2016 a nombre de ambas y sugiriendo que los votos por ella debían entenderse como un respaldo a esa plataforma política.

Sin embargo, como se sabe, no ganó. Salió más bien tercera, con lo que el valor plebiscitario que quiso asignar a esos comicios trajo para todo el sector que ella representaba una noticia ingrata: la mayoría de los peruanos no sintonizaba con el proyecto de la nueva constitución y, si bien tenían todo el derecho a insistir en él, debían esperar cinco años para volver a someterlo a la prueba de las urnas.

Desde entonces, no obstante, más de una crisis política ha tratado de ser aprovechada por quienes se alinean en ese sector para promover un adelanto de la agenda política que persiguen. En marzo del año pasado, por ejemplo, cuando, en acatamiento de lo establecido en la Constitución, Martín Vizcarra sucedió a Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia para completar los más de tres años de mandato que le restaban a este gobierno, la señora Mendoza afirmó: “Lo que nuestra patria necesita es una transición democrática”. Al nuevo mandatario, según ella, solo le correspondería cumplir con algunas tareas prioritarias, entre las que se contaba la convocatoria a elecciones generales.

Su pedido no tuvo aquella vez mucho eco. Pero, a la luz de lo que proclama el último pronunciamiento de NP, eso no parece haberla desanimado.

Sea como fuere, lo que la iniciativa del Ejecutivo a ser sometida a consideración de la representación nacional pide es claramente definiciones acerca de la reforma política y no el corte del mandato presidencial y la instauración de un nuevo orden constitucional (la verdad es que, aun en la eventualidad de que la confianza fuese negada, la disolución del Congreso no sería automática o forzosa).

A NP y el FA, empero, los asuntos relativos a reformar, digamos, la democracia interna en los partidos o la inmunidad parlamentaria no darían la impresión de interesarles demasiado si no comportan al mismo tiempo una revolución de todo el sistema que nos rige. Se diría que a criterio de esas organizaciones, las modestas porciones de la realidad que las propuestas del Ejecutivo aspiran a modificar no merecen siquiera ser contempladas.

La curiosa lógica que proponen a cambio de responder lo que el gobierno les está preguntando de manera concreta es la de negar lo menos (la confianza) para negar lo más (el orden constitucional que no les acomoda). Una estrategia que, como hemos señalado en otras oportunidades, evoca la tesis de algunas viejas vertientes del marxismo sobre ‘agudizar las contradicciones del capitalismo’ para apresurar el inexorable advenimiento del comunismo. O, en otras palabras, alentar cualquier circunstancia que deteriorase el estado de cosas que querían traerse abajo y reemplazar.

Que se recuerde, sin embargo, esa forma de proceder no ha reportado mucha democracia o prosperidad a lo largo de la historia.
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