Editorial: 131 interpelados

Uno de los aspectos más cuestionables del procedimiento interpelatorio que hace poco más de tres meses desembocó en la censura del entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, fue, sin duda, la debilidad de los argumentos en los que se fundó.

Lejos de plantear cuestionamientos de fondo que hicieran inobjetable la necesidad de acudir a un mecanismo tan delicado como la interpelación –una herramienta constitucional y legítima, pero de serias implicancias políticas–, el pliego interpelatorio presentado aquella vez incluyó poco más que una serie de preguntas retóricas o sin base, que hicieron evidente la falta de preparación de los parlamentarios que impulsaron la moción. A ello se sumó la actitud agresiva y vanagloriosa con la que varios congresistas opositores se refirieron a lo ocurrido, tanto en los días previos como durante las respectivas sesiones de interpelación y censura.

En los próximos días, cuando el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Martín Vizcarra, acuda al pleno para responder un cuestionario de 82 preguntas, el Congreso tendrá una oportunidad para redimirse y demostrar que es capaz de llevar a cabo su labor de forma seria y responsable.

Como se sabe, el motivo de la interpelación –que inicialmente había sido programada para hoy, pero que ayer fue suspendida de manera indefinida– fue la firma de la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Una modificación que se entendía por la imprecisión del contrato de concesión –firmado durante la gestión humalista–, cuya versión original podía terminar significando que el Estado asuma un alto costo financiero; pero que fue generando controversia a raíz de los vaivenes e imprecisiones de los representantes del actual gobierno.

En esta circunstancia, no resultaba irrazonable el ejercicio de control político por parte del Legislativo. El problema, sin embargo, es que varias de las preguntas del pliego interpelatorio dejan mucho que desear, ya sea por tratarse de interrogantes sin sustento, mal dirigidas o que no vienen al caso.

En la pregunta 7, por ejemplo, se acusa al titular del MTC de “faltar a la verdad” por haber declarado ante la Comisión Permanente del Congreso que la adenda contaba con el respaldo de Ositrán, cuando existe un informe de gerencia de Ositrán que dio una opinión desfavorable. Pero la acusación no considera que –como es de público conocimiento– aun pese a dicho informe, la opinión definitiva del Consejo Directivo de Ositrán sí fue favorable.

La pregunta 34, por su parte, consulta: “¿Cómo es que este gobierno ha entregado por 40 años la concesión del aeropuerto […]?”, ignorando que el plazo del contrato fue definido durante la administración nacionalista. E incurriendo en el mismo error, la pregunta 69 inquiere por qué se admitió a Kuntur Wasi (el concesionario del aeropuerto de Chinchero) en la lista de postores, una decisión que se tomó también en el gobierno pasado. Mención especial merece la pregunta final del cuestionario, que pone en entredicho la labor de Vizcarra al mando del gobierno regional de Moquegua por no resolver un diferendo territorial entre dicho departamento y Puno, asunto que nada tiene que ver con la materia de la interpelación.

La redacción de varias interrogantes, además, hace pensar que quien las plantea ya presume algún tipo de culpabilidad. Así, la pregunta 38 consulta si la adenda “es una forma más de ayudar al consorcio para que con dinero público pueda afrontar otras obligaciones”, y la 66 si el presidente Kuczynski ya había “concertado un negocio” con Kuntur Wasi desde la campaña. Mientras que la pregunta 53, sobre la propuesta de Kuntur Wasi de incluir una cláusula anticorrupción en el contrato, reza en tono provocador: “¿Qué opinión le merece que el cuestionado concesionario esté más dispuesto a combatir la corrupción de lo que usted está?”. Y los ejemplos continúan…

Con este antecedente, solo cabe esperar que cuando se lleve a cabo la sesión de interpelación los congresistas hagan un esfuerzo más serio en sus intervenciones que el que dedicaron al elaborar las preguntas. De lo contrario, terminarán por deslegitimar la figura de la interpelación, y ante la opinión pública, los interpelados y censurados serán ellos.