"¿Por qué entonces no consideraron la posibilidad de que detrás de esa responsabilidad política también hubiera responsabilidades penales?". (Foto: GEC)
"¿Por qué entonces no consideraron la posibilidad de que detrás de esa responsabilidad política también hubiera responsabilidades penales?". (Foto: GEC)
Editorial El Comercio

Ayer, la miembro de la Comisión Permanente Rosa Bartra fue consultada nuevamente en una entrevista por la decisión del Congreso de excluir al expresidente Alan García del informe final de la Comisión Lava Jato, que ella dirigió. Como se sabe, dicho informe fue aprobado en noviembre del 2018, y recomendaba investigar penalmente a por lo menos 132 funcionarios públicos por delitos relacionados al Caso Odebrecht. Ante las recientes versiones de Luis Nava, exsecretario general de la Presidencia de García, sobre la presunta entrega de dinero de Jorge Barata al expresidente, a Bartra se le preguntó por qué no se había recomendado también investigar al exmandatario.

Sorprendentemente, la señora Bartra insistió en que era “una mentira repetida” que García no había sido incluido en el documento, y citó un punto de su conclusión: “Sobre el aspecto penal, conclusión 36, de lo expuesto en el punto relacionado a las acciones coordinadas, responsabilidad sobre el señor Alan García, Enrique Cornejo, Luis Cuba Hidalgo, Edwin Martin Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y etc.”.

Al revisar la parte del informe referida por Bartra, sin embargo, no se encuentra el nombre del mandatario aprista, lo que indica que quien habría incurrido en una falsedad es ella. Una conducta que quizás se deba a que hasta ahora no ha logrado justificar la decisión de exceptuar a García de los investigados.

Pues, más allá de los últimos hechos –que incluyen no solo las declaraciones de Nava, sino también las de Miguel Atala de haber recibido dinero a nombre de García–, la Comisión Lava Jato le había encontrado responsabilidad política al expresidente por haber impulsado, durante su segundo gobierno, decretos de urgencia y decretos supremos que permitieron que Odebrecht ganara la línea 1 del metro de Lima.

¿Por qué entonces no consideraron la posibilidad de que detrás de esa responsabilidad política también hubiera responsabilidades penales? Como defensa, la señora Bartra ha mantenido que ese no era el rol del Congreso. Faltar a la verdad sería, al parecer, una nueva estrategia.