Editorial 2: De vuelta al colegio

Las malas ideas son difíciles de ahuyentar. Sobre todo si tienen un grupo de interés que las promueva disfrazando de beneficio para toda la sociedad lo que en realidad es un privilegio exclusivo para sus integrantes.

Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la iniciativa legislativa respaldada por los congresistas de Solidaridad Nacional que propone, entre otras cosas, que la actividad periodística solo pueda ser desempeñada por quienes se encuentren inscritos en el Colegio de Periodistas y licenciados en Ciencias de la Comunicación. La intención, además, es que únicamente puedan acceder a esa condición quienes han estudiado específicamente esa carrera en alguna universidad.

La idea, como decíamos, no es nueva. Desde que en 1998 el propio Congreso estableció la no obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio del periodismo, vuelve a ser planteada cíclicamente y siempre con argumentos parecidos a los esgrimidos esta vez: que el restablecimiento de la exigencia se traduciría en “una prensa libre y digna que actúe con verdad y ética en la que no tenga cabida la ‘prensa amarilla’”, que erradicaría “el ejercicio ilegal de la profesión” y que acabaría con la frustración de los jóvenes que, tras cinco años de estudio, ven su ámbito profesional “invadido constantemente por cualquier persona”, entre otros.

La refutación de esos argumentos, sin embargo, sigue siendo también la misma. A saber, que ni los estudios ni la pertenencia a un colegio aseguran el ejercicio virtuoso de una profesión (si no sucede, por ejemplo, con los abogados, ¿por qué habría de suceder con los periodistas’?), que el incremento de los requisitos legales para practicar el periodismo solo hará que se incremente el ejercicio ilegal del mismo, y que lo que abre oportunidades en un determinado mercado laboral no son ni deberían ser los estudios –con todo lo valiosos que puedan resultar– ni la pertenencia a un gremio, sino la habilidad y el compromiso de cada individuo para realizar la tarea que se propone.

Lo demás es la búsqueda de un privilegio legal para evitar la competencia, cuyo nombre técnico es ‘mercantilismo’.