Editorial: Acusaciones semiinformadas

Vía su cuenta oficial de Twitter, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha difundido graves acusaciones contra el proceso electoral peruano. Por un lado, ha indicado que el sistema de inhabilitación de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “no ofrece garantías necesarias” y, por otro lado, ha reclamado “medidas para restablecer derechos de participación política de todos y evitar elecciones semidemocráticas”.

Estas afirmaciones se produjeron inmediatamente después de que el señor Almagro se reuniera con Julio Guzmán, quien, como se recuerda –luego de que se declarara la improcedencia de la inscripción de su candidatura–, acusó al JNE de fraude, exigió la renuncia del pleno del JNE y la suspensión del proceso electoral. Además, anunció que acudiría a la justicia internacional y que había iniciado el contacto con una delegación de la OEA. 

Lo que no se entiende de las declaraciones del señor Almagro, sin embargo, es cuáles serían las garantías que no se habrían cumplido y que motivarían un calificativo tan grave como ‘semidemocráticas’ para estas elecciones. ¿Se refiere a la garantía de un debido proceso, que asistía a Julio Guzmán? ¿O se refiere tal vez a la garantía de contar con un organismo electoral independiente? Porque más allá de la conformidad que se pueda tener con el sentido de la resolución del JNE –es previsible que Julio Guzmán, y quien haya tenido un resultado negativo, no se encontrara muy a gusto–, lo cierto es que hubo un proceso legal correcto, Julio Guzmán tuvo oportunidad de defenderse, presentar sus alegatos y hasta de recurrir a tres instancias jurisdiccionales dentro del JNE.

Entonces, ¿qué convierte a nuestras elecciones en ‘semidemocráticas’? Esperemos que no sea el mero reclamo de un candidato. Sin evidencia ni fundamentos, sería tan irresponsable para el representante de un organismo internacional poner en tela de juicio el proceso democrático de uno de los países que lo compone, como irresponsable fue el ex candidato a la presidencia que decía representar una nueva y seria manera de hacer política para luego denunciar un “evidente fraude electoral” sin prueba alguna.

Como ya hemos advertido desde esta página, este ha sido un proceso electoral cantinflesco. Se inició con un Congreso que insensatamente aprobó reformas electorales parciales, tardías y desproporcionadas. Se agravó con un JNE lento, falto de decisión, y con un afán de protagonismo tan innecesario como el tiempo durante el cual mantuvo en incertidumbre varias candidaturas por supuestas infracciones a la ley. Y al magro rol que tuvieron las autoridades se sumó el lamentable papel que cumplieron los candidatos y partidos políticos, que evidenciaron en muchos casos que sus organizaciones consistían realmente en cascarones y lo mucho que les costaba abandonar desdeñables prácticas de clientelismo. Torpezas y desorganización, sin embargo, no equivalen a “fraudes”, “manos negras”, y mucho menos niegan la validez de unas elecciones. 

El gobierno del Perú debe tomar posición, entonces, ante los cuestionamientos del señor Almagro. En ese sentido, ayuda el rechazo oficial formulado por Francisco Távara, presidente del JNE, el cual debería ser complementado por el presidente Ollanta Humala, quien convocó elecciones generales y es el máximo representante de la nación. 

Si el presidente Humala no encuentra los arrestos necesarios para hacerlo o siente el peso de su propia imprudencia, cuando irresponsablemente firmó un acta del Partido Nacionalista en la que cuestionaba las decisiones del JNE y la transparencia de las elecciones, por lo menos, debería encargar a la cancillería una respuesta oficial que defienda la legitimidad de nuestro proceso electoral y los resultados del próximo domingo.

La democracia no es algo que se pueda cumplir a medias. Esto es algo que debería tener en cuenta el señor Almagro antes de calificar unas elecciones como ‘semidemocráticas’. Y en ese afán, también debería informarse cabalmente y no solo por mitades.