Consejo Nacional de la Magistratura
Consejo Nacional de la Magistratura
Editorial El Comercio

Desde que se hicieron públicos los primeros audios que contenían las turbias negociaciones entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), jueces y sus respectivos allegados, se vislumbraba ya la necesidad de una reforma del sistema de justicia, empezando por el organismo encargado del nombramiento, ratificación y destitución de magistrados.

En los últimos años, el CNM ha destacado únicamente por sus reiterados escándalos, coronados ahora por los diálogos filtrados en los que se aprecia a sus consejeros canjear sus decisiones a cambio de favores. Ello, sin soslayar las vergonzosas evaluaciones a aspirantes a magistrados conducidas por los miembros del CNM y cuyos registros han empezado a difundirse.

Frente a esta tesitura, era de esperarse una renuncia conjunta de todos los consejeros involucrados en los audios (Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera, Guido Aguila y el actual presidente, Orlando Velásquez, aludido como beneficiario de una negociación para colocarlo en el cargo) y del resto de integrantes del CNM, cuya pasividad ante un esquema de funcionamiento tan deplorable como arraigado solo puede explicarse por la complicidad o la indiferencia.

Lo que hemos presenciado en los últimos días, sin embargo, han sido apenas extemporáneas reacciones. Así, el 7 de julio, el CNM comunicó un vago “inicio de una investigación para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades”. Dos días después, conforme se iba conociendo el entramado de contubernios con magistrados, se anunciaba la suspensión de “las evaluaciones para el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales”. El 10 de julio, el CNM tuvo que dar un paso más allá y dispuso el inicio del proceso de vacancia al consejero Julio Gutiérrez –quien días después renunciaría–, a la par que pateaba la pelota al Congreso en el caso del consejero Iván Noguera, a quien se le seguiría el proceso de remoción del cargo. El 13 de julio, la Dirección General del CNM publicó un comunicado invocando la inmediata renuncia de los consejeros “involucrados en los actos de corrupción”, sin señalar un solo nombre. Finalmente, hace dos días, el CNM dispuso la suspensión del consejero Noguera –mientras dura su proceso de vacancia– y aceptó la renuncia del consejero Guido Aguila.

Este tipo de comunicados cargados de decisiones a cuentagotas y colmados de fórmulas genéricas demuestra la actitud de una institución infestada desde la cabeza por funcionarios aferrados al poder y que anteponen sus intereses personales a los del país.

Es por ello que diversas organizaciones de la sociedad civil, bancadas parlamentarias y la propia Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, liderada por Allan Wagner, han resaltado la necesidad de la salida de todos los miembros del CNM, como primer paso para su reforma. Y en tal sentido, es positiva la convocatoria del presidente Vizcarra a una legislatura extraordinaria –que, aunque inicialmente no cumplió con la formalidad requerida, fue luego subsanada mediante decreto supremo– para que el Congreso debata la remoción de todos los miembros, titulares y accesitarios, del CNM.

Pues, en adición a las imputaciones que hoy se ciñen sobre los consejeros titulares, al pasar revista a los suplentes se puede encontrar varias razones (vínculos con políticos, con narcotraficantes y hasta algún inhabilitado para ejercer cargos públicos) que los hacen inidóneos para la función. Datos que confirman lo que sostuvimos hace unos días en este Diario: no existe ningún filtro de capacidad profesional o ética para la elección de los miembros del CNM.

El CNM, en suma, ha perdido ya cualquier oportunidad para impulsar una autorreforma. Y si bien lo ideal era que todos los consejeros decidan renunciar por iniciativa propia, pareciera que es mucho pedir. Ahora los cambios deben venir por fuera –con las decisiones del Ejecutivo y el Parlamento–, y con los actuales consejeros afuera de la institución.

El Gobierno ha dado una buena primera señal. Esperemos que el Congreso abandone la actitud contemplativa exhibida hasta el momento y se ponga a la altura de las circunstancias, respetando las formas para eliminar futuros cuestionamientos sobre la legitimidad de su decisión, pero sobre todo, demostrando la voluntad de ejecutar la remoción necesaria.