"El presidente Castillo saltó a la palestra nacional al encabezar una huelga magisterial en el 2017 que afectó a un millón y medio de escolares. Hoy debe reconocer que sentarse el otro lado de la mesa es bastante más complicado". (Foto: Presidencia Perú)
"El presidente Castillo saltó a la palestra nacional al encabezar una huelga magisterial en el 2017 que afectó a un millón y medio de escolares. Hoy debe reconocer que sentarse el otro lado de la mesa es bastante más complicado". (Foto: Presidencia Perú)
Editorial El Comercio

Sucesivos gobiernos en la historia reciente del Perú –algunos liderados por políticos bastante experimentados y otros menos– han tenido problemas para manejar la conflictividad social. A pesar de las lecciones aprendidas y las cicatrices, los planes de contención y de minimización de la violencia pueden fallar, y los resultados son fatales.

Si este es el escenario cuando existe algún nivel de preparación institucional del Estado, ¿qué se puede esperar de un gobierno carente de equipos técnicos, visión estratégica o planes mínimos de contención de conflictos? La respuesta está hoy en las carreteras del país. Ante el alza en el precio de los combustibles –un fenómeno global exacerbado el último mes por la invasión rusa a Ucrania–, los transportistas tomaron diversas vías desde el lunes pasado demandando una solución del Estado.

Como con otras medidas de fuerza, el bloqueo de carreteras es un acto ilegal que debe ser sancionado. La protesta pacífica no puede ser equivalente al abuso de pocos sobre los derechos de varios. En Lima, según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), el último miércoles el abastecimiento del Gran Mercado Mayorista de Lima cayó en un 65%. En el Mercado Mayorista N° 2 de Frutas, los ingresos de alimentos fueron 45% menores que el promedio del mes pasado. En consecuencia, los precios de varios productos del día a día treparon considerablemente.

Mucho más grave, no obstante, es lo que viene pasando en . La región cuna de Perú Libre ha sido escenario de las manifestaciones más violentas de los últimos días. En el quinto día de protestas, transportistas y agricultores afectados por el precio de los fertilizantes se han enfrentado con la policía, atacado propiedad pública y privada y, en general, sembrado el caos en la ciudad.

Ante esta situación, la respuesta del Gobierno ha sido sumamente pobre e incluso ha deteriorado su ya frágil situación. Sin estrategia aparente, el presidente mencionó que los paros y bloqueos eran “malintencionados y pagados [por] algunos dirigentes y algunos cabecillas”. Los comentarios enardecieron aún más los ánimos y, ayer, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) convocó una paralización nacional en todas las modalidades de transporte para el próximo lunes.

En este caso, la conocida estrategia política de victimización que utiliza el presidente cada vez que se halla en dificultades le jugó en contra. Desde el inicio de su administración, el mandatario suele imaginar conspiraciones para culpar de sus errores y malos resultados de gestión a la prensa, a la oposición política, al empresariado o a cualquiera que le permita evadir responsabilidades. Pero intentar aplicar la misma figura a los manifestantes de Junín fue claramente un error político que lo perseguirá, más allá de cualquier disculpa que pueda ofrecer.

La violencia de las protestas es injustificable y, por lo menos en lo que respecta al incremento de precios, es cierto que el Gobierno no tiene mayor responsabilidad, ni herramientas suficientemente efectivas y técnicas para hacer frente al alza. Pero sí preocupa sobremanera que la capacidad de respuesta que ha demostrado la administración ante un conflicto social sea tan limitada. Los mensajes políticos son elementales (el presidente escribió en Twitter generalidades sobre “voluntad de diálogo”, “propósito de enmienda” y su compromiso de “buscar juntos soluciones en beneficio de todos”). La mesa de diálogo instalada en Huancayo con presencia de diversos ministros alcanzó acuerdos con la mayoría de manifestantes, aunque todavía hay grupos en desacuerdo. En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas parece tener desde ya la intención de ceder frente a los transportistas en su demanda por reducir significativamente el ISC a los combustibles. Ello significaría un fuerte golpe a los ingresos fiscales, a la política de medio ambiente y a la institucionalidad y predictibilidad tributaria.

El presidente Castillo saltó a la palestra nacional al encabezar una huelga magisterial en el 2017 que afectó a un millón y medio de escolares. Hoy debe reconocer que sentarse el otro lado de la mesa es bastante más complicado.