La administración Vizcarra parece haber querido diluir el desaguisado con acciones y declaraciones que solo han servido para agudizar las preocupaciones de la opinión pública.
La administración Vizcarra parece haber querido diluir el desaguisado con acciones y declaraciones que solo han servido para agudizar las preocupaciones de la opinión pública.
Editorial El Comercio

El domingo, por medio de una resolución suprema publicada en el diario “El Peruano” y firmada tanto por el presidente Martín Vizcarra como por el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, el Gobierno dio por concluida la designación del periodista como presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión (). Una medida sorpresiva, por lo exitoso de la gestión, e indignante, por las denuncias que Coya mismo haría esa misma noche, y que ha sido calificada como “preocupante” por el relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión.

Durante una entrevista, en efecto, el señor Coya dio a conocer que su renuncia había sido coordinada con el ministro para este miércoles, cuando volviera de un viaje que haría a Londres para reunirse con representantes de medios de comunicación británicos. Sin embargo, su despido se concretó de manera intempestiva antes de la fecha pactada. Según describe el periodista, el titular de Cultura le había pedido que diese un paso al costado por el “malestar” que estaban generando las coberturas noticiosas de TV Perú, en particular la concerniente a la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Keiko Fujimori de prisión y a la reacción que ello le mereció a su esposo y a sus simpatizantes. El miembro del Gabinete también le habría dicho que, si fuera por él, no lo removería del cargo pero que “dos funcionarias habían ‘envenenado’ al presidente” y tenía que ser cesado.

Como dijimos en nuestro editorial del lunes, las implicancias de lo declarado por Coya son sumamente graves: el Gobierno, por medio de Petrozzi, habría pretendido sesgar los contenidos de un noticiero estatal con el afán de limitar el tiempo al aire de sus opositores.

Frente a esto se esperaba una reacción asertiva del Ejecutivo que ayude a despejar cualquier duda sobre su compromiso para con la libertad de prensa y la pluralidad informativa. Pero, más bien, la administración Vizcarra parece haber querido diluir el desaguisado con acciones y declaraciones que solo han servido para agudizar las preocupaciones de la opinión pública.

El primer ministro Vicente Zeballos, por ejemplo, decidió citar el lunes al ministro de Cultura para que diese explicaciones sobre el cese. Un gesto que se saboreó vacío toda vez que la resolución suprema que concretó la destitución de Coya llevaba la firma del presidente –lo que hace suponer que estaba al tanto de la medida–, y sobre todo, porque Petrozzi ha afirmado que la decisión se la había consultado al mandatario.

Por su lado, el ministro Petrozzi también ha insistido en exponer motivos poco sustanciosos para justificar el despido de Hugo Coya. Según explica, él le había dicho al periodista que había “llegado el momento para cambiar de aires” en la institución, rechazando las acusaciones de intromisión hechas por el ahora expresidente de IRTP. Pero ¿por qué “cambiar de aires” cuando los existentes están haciendo un buen trabajo? La falta de una respuesta clara a esa pregunta, sumada a la intromisión denunciada por Coya, enciende más de una alarma.

El presidente Martín Vizcarra también se ha referido al caso en cuestión evitando abordar el fondo del mismo. “Tengo el mayor de los conceptos y respeto por el señor Hugo Coya”, dijo ayer y añadió que “hay que ser enfático en manifestar que el Gobierno que represento defiende […] la libertad de expresión y la libertad de prensa”. En buena cuenta, una forma de no decir nada, toda vez que lo que se cuestiona, y lo que se buscaba que comentara el mandatario concretamente, era la pertinencia de la destitución en sí.

Así, es claro que si el jefe de Estado y sus adláteres quieren defender la libertad de prensa, especialmente en vísperas de una elección y sin un Congreso que los fiscalice, tiene que tomar medidas concretas y no actuar como si nada grave hubiese pasado. Una explicación clara y sincera para la destitución de Hugo Coya, que aborde las graves acusaciones del periodista, podría ayudar, al igual que una descripción transparente del rol de Vizcarra en la decisión. Empero, si en verdad quieren conjurar las dudas que este embrollo ha traído, primero deberían prescindir de quien las genera: el ministro Francisco Petrozzi.